
Los traficantes de personas están usando rutas más peligrosas para llevar a los migrantes y refugiados hasta Libia, desde donde esperan poder cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, debido a que la pandemia ha restringido su capacidad de movimiento.
Un grupo de organismos de la ONU e independientes que trabajan en cuestiones migratorias presentó un informe cuyos datos han sido obtenidos a partir de entrevistas directas con las víctimas del tráfico, que han explicado aspectos desconocidos de este negocio criminal y del impacto de la COVID-19.
Además de usar caminos más letales, los traficantes han aumentado sus tarifas y ya no aceptan encontrarse personalmente con los migrantes (como era lo habitual) y ahora la comunicación se hace casi exclusivamente por teléfono.
Según datos correspondientes al segundo trimestre del año, la pandemia redujo el ritmo de llegadas a Libia, pero no las detuvo por completo. “Entre abril y mayo, los que ya estaban en Libia esperaban para ver la evolución de la pandemia y decidir cuáles serían sus próximos pasos. Las llegadas no se detuvieron completamente y continuaban, a un ritmo menor, a través de la frontera sur”, explicó la coordinadora del Mixed Migration Centre North Africa (Centro de Investigación Especializado en la Migración), Ayala Erin Bonfiglio.
El 60 % de los entrevistados señaló que la COVID-19 redujo su acceso al trabajo y la mitad declaró que había perdido ingresos, con las mujeres como el grupo más afectado.
Mientras tanto, el 14 % mencionó que era notorio el aumento del racismo en su contra. El informe sostiene -según cifras verificadas- que la media mensual de muertes de refugiados e inmigrantes que toman las rutas que llegan y pasan por Libia se mantiene en 72 %.
A esta cifra -que incluye los decesos incluso ante de llegar a Libia y, en ciertos casos, a Marruecos o Egipto- se suman los miles que han perecido en su desesperado intento de cruzar el Mediterráneo. De esas muertes, cerca del 30 % ocurrieron en el desierto del Sahara, donde solo reporta una fracción de todos aquellos que desaparecen.
El enviado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el Mediterráneo, Vincent Cochetel, dijo en una rueda de prensa que, aunque se les presta mucho menos atención, existe la convicción de que el número de muertes en las rutas migratorias terrestres hacia y en Libia son tan numerosas como las que ocurren en el mar que separa la costa norte de Africa de Europa.
Ello explica que el 91 % de los migrantes y refugiados consideren que Libia es el país más peligroso en su ruta migratoria, por delante de Níger, Argelia y Mali. Según el informe, lo que más temen los migrantes es la violencia física, ser atacados, asesinados, asaltados o agredidos sexualmente.
Cochetel sostuvo que los datos revelan que en el 47 % de casos, los responsables de tales abusos son las fuerzas de seguridad estatales, “mientras que hasta ahora pensábamos que eran lo traficantes”.
“Ahora sabemos que los principales autores son aquellos que supuestamente deberían protegerlos. Debemos hacer todo lo posible para impedir que la gente vaya a Libia”, dijo el representante del ACNUR. El resto de la responsabilidad por los crímenes contra los migrantes recae en los grupos armados, las milicias, funcionarios públicos, policías de fronteras y los propios traficantes.
El informe ofrece un dato inédito proveniente de testimonios de los propios migrantes, que explicaron que para ellos es más seguro arreglar una viaje con un traficante pagándole solo la mitad en el punto de partida y el resto en el lugar de destino.
Hay muchos migrantes que ceden a la exigencia de los criminales de pagar todo al momento de la partida, lo que los pone en una situación vulnerable. Tener algún medio digital de pago para el final de la travesía garantiza mejores condiciones al migrante.
Cochatel criticó a los países involucrados directa o indirectamente por este fenómeno por su falta de voluntad política para encontrar una solución a la situación migratoria en Libia. “En los dos últimos años no se arrestó a ninguno de los traficantes sancionados por la ONU. ¿Por qué los Estados pueden hacer lo que hacen contra los traficantes de drogas o terroristas? ¿Por qué no se siguen los flujos financieros si realmente queremos capturar a esta gente y combatir la impunidad”, reflexionó.
Enfatizó que mientras ello no ocurra se seguirá hablando en el vacío “y así no haremos nada por la gente que será víctima de abusos en esas rutas”.
(EFE).-
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