
En varias ciudades de Australia es ilegal decir malas palabras en lugares públicos como los parques, playas y restaurantes. Desde 1988 está prohibido el lenguaje ofensivo y quien sea sorprendido utilizándolo, podría pagar grandes cantidades de dinero en multas, ir a prisión o hacer trabajo comunitario.
En Nueva Gales del Sur, estado que se encuentra limitado al este con el Océano Pacífico, es uno de los lugares con las reglas más estrictas sobre las ofensas. En 2012 contaba con 7.727 habitantes, lo que lo convertía en el territorio de Australia con más poblaciones.
Sus miles de residentes tienen algo en claro: no decir palabras altisonantes en voz alta. Cualquier persona podría tener que pagar hasta 660 dólares australianos a las autoridades (455,05 americanos), dependiendo de la palabra que diga o el lugar en que lo haga. Otra opción de castigo es completar 100 horas de servicio comunitario.
Al sur del país la ley no se vuelve más laxa. En esta región, el castigo por decir malas palabras en lugares públicos podría ser pagar una multa máxima de 1.250 dólares australianos (861,84 americanos) o, en el peor de los casos, pasar tres meses en prisión.
En las ciudades de Queensland y Victoria también se imponen estas restricciones. En esta última ciudad, 2011 Robert Clark, fiscal general del estado, explicó que las sanciones serían levantadas en el lugar que se dijera la ofensa, por los policías de tránsito. De la misma manera que se multa a quienes manejan a exceso de velocidad o se pasan un alto.

Las multas por decir malas palabras cambian dependiendo la ciudad (Foto: Wikipedia)
Otros lugares del mundo en donde está prohibido decir groserías es en Middleboro, en Massachusetts Estados Unidos, lugar en el que si la policía escucha a una persona decir una palabra altisonante en público le puede levantar una multa al poblador de 20 dólares.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, también multan a las personas que sean sorprendidas por la policía municipal al decir malas palabras. El dinero que deben pagar los ciudadanos a las autoridades por incurrir en esta falta, es de 300 pesos.
La medida fue establecida en 2014 por Jaime Salvador Amaro Castillo, segundo síndico de la comunidad; "Se está castigando a las personas que perturben la paz pública, digan palabras obscenas o en un momento dado la cuestión del maltrato de animales, en el cual viene amonestación, sanción o arresto de 46 horas", declaró entonces el funcionario.
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