Incertidumbre en colegios de Italia: podrían posponer la ley que obliga a los padres a vacunar a sus hijos

El Gobierno italiano pretende posponer un año los efectos de una ley que prohíbe la escolarización de niños que no hayan sido vacunados, una situación que genera incertidumbre entre los directores de centros a solo un mes del inicio del curso.

Actualmente en Italia rige un decreto promovido en 2017 por la anterior ministra de Sanidad, Beatrice Lorenzin, que establece la obligación de suministrar diez vacunas a los niños de entre 0 y 6 años para que sean aceptados en escuelas y guarderías.

La medida trataba de poner coto a una situación alarmante, ya que en 2017 se registraron 5.402 casos de sarampión en Italia -y 4 muertes- frente a los 862 del 2016, según la Organización Mundial de la Salud, que hasta julio de 2018 ha detectado 1.715 nuevos casos.

Esto parece destinado a cambiar con la llegada del nuevo Gobierno de los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga, en el poder desde el pasado 1 de junio.

El Senado aprobó el pasado viernes un decreto que retrasa al curso 2019/2020 dicha obligación y ahora deberá ser refrendado en la Cámara Baja, donde el Ejecutivo cuenta con una mayoría holgada.

El presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuela (ANP, en italiano), Antonello Giannelli, explica que esto "genera una situación de incertidumbre" pues deberán atenerse a la legislación que esté en vigor a fecha del 1 de septiembre.

Si todo sigue así, con la prórroga a medio aprobar, Giannelli adelanta que pedirán el certificado de vacunación y, en caso de no aportarse, los menores de 6 años no podrán entrar en la escuela.

Desde el Ministerio de Sanidad, ahora guiado por Giulia Grillo, del Cinco Estrellas, se envió una circular a los centros en la que se indicaba que para este curso bastaría con que los padres dieran un certificado redactado por ellos mismos y no por un médico.

Consistiría en un "autocertificado", válido en Italia para otros asuntos burocráticos, en el que garantizan que sus hijos están vacunados o en lista de espera para ello, algo que ha despertado numerosos recelos entre la comunidad escolar y sanitaria.

Y es que eso supondría suplantar una ley aprobada por el Parlamento con una mera circular y obligaría a los directores a comprobar que los progenitores dicen la verdad. "Más que simplificar, dificulta", critica Giannelli, para quien este método "es un modo de eludir la obligación de vacunación".

La ministra Grillo ha defendido el "autocertificado" para el 2018 y ha adelantado su intención de impulsar "una obligación flexible" de las vacunaciones. "Optaremos por el método de la recomendación" y la obligación según las distintas regiones, explicó al canal La7.

Desde el Gobierno se han expresado distintas posturas: el primer ministro, Giuseppe Conte, confesó en un encuentro con la prensa que ha vacunado a su hijo de 10 años, pero reconoció que en su equipo "hay diversas sensibilidades" sobre esta delicada cuestión.

Quizá la más tajante ha sido la del influyente ministro del Interior y líder ultraderechista, Matteo Salvini, quien señaló recientemente que "la prioridad es que los niños no sean expulsados de las clases" y que "diez vacunas son demasiadas, si no dañinas".

La exministra Lorenzin considera que el intento del Gobierno de retrasar la entrada en vigor de su decreto implica aceptar las exigencias del colectivo que acusa a las inyecciones de provocar efectos nocivos.

Un grupo de personas no muy numeroso, pero sí "muy ruidoso" a la hora de difundir "mentiras" como que provocan autismo u otros daños, indica el médico y divulgador Roberto Burioni, que ha llegado a ser amenazado de muerte por su viva defensa de esta práctica.

Este prestigioso virólogo critica la postura de Salvini por "ir contra el conocimiento científico y tener por efecto confundir a los padres" e invita al Gobierno a no debilitar la actual legislación, sino a "fortificarla" y extenderla a otros ámbitos como, por ejemplo, el personal sanitario, a veces poco cubierto e inmunizado.

En este contexto las escuelas permanecen a la espera de que el Gobierno mueva ficha y la ANP se reunirá a finales de agosto con los técnicos del Ministerio de Sanidad para conocer la situación.

Con información de EFE

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