
La Justicia belga dejó en libertad al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus ex consejeros con medidas cautelares, como la prohibición de salir al extranjero sin permiso del juez de instrucción, tras la audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas.
Entre esas medidas, además, figuran la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se los convoque.
El juez instructor tiene ahora hasta quince días para volver a convocarlos al tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá sobre la euroorden de entrega que pesa sobre ellos, confirmó la Fiscalía en un comunicado.
Puigdemont y los ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se apersonaron en la sede policial en Bruselas a las 09:17 hora local (08:17 GMT) del domingo.
Tanto el ex presidente como los ex consejeros han declarado desde las 16:00 hora local (15:00 GMT) hasta las 20:00 (19:00 GM), por separado, y han abandonado la Fiscalía de Bruselas todos juntos en un minibús catorce horas después de su llegada.
A la salida, no ha habido declaraciones del abogado de Puigdemont, el flamenco Paul Bekaert.

Alrededor de medio centenar de periodistas esperaban en la puerta de la Fiscalía de Bruselas la salida de la delegación catalana, pero no han hecho declaraciones al ser escoltados en un minibús por la propia Policía de camino al lugar comunicado como residencia, que se desconoce.
Hasta las puertas de la Fiscalía, para mostrar su apoyo a Puigdemont y los ex consejeros, se han desplazado una decena de personas con "esteladas" (bandera separatista catalana), que gritaron "independencia" y "no estáis solos".
El ex presidente catalán y los cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bruselas se entregaron hoy a la Justicia belga en calidad de detenidos, y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas, que los reclaman por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
La entrega fue "convenida" con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó la Fiscalía.
El hecho se produjo en una comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto.
La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, recordó el portavoz del Ministerio Público en una rueda de prensa en francés, inglés y neerlandés.
No obstante, el portavoz de la Fiscalía matizó que, en caso de que no se ordene su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.
(Con información de EFE)
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