Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó la nueva iniciativa de Reforma Electoral que modifica las leyes secundarias de esta materia y no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que ésta tiene altas probabilidades de ser aprobada en el Congreso de la Unión.
Desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de este miércoles 7 de diciembre, el secretario de Gobernación especificó que se trata de una serie de modificaciones a tres leyes periféricas y crea una nueva que se involucran con el sistema político-electoral mexicano; sin embargo, las limitaciones de ésta son evidentes y por ello procedió con una síntesis para que quede más claro.
Por ejemplo, mientras que la iniciativa constitucional representaba un ahorro al erario público de 15 mil millones de pesos, el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) significa uno de 5 mil millones de pesos en su primer año; no obstante, existiría una mayor certidumbre en el ejercicio del voto.
Y es que en vez de modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), este nuevo intento reforma las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
López Hernández especificó que se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE) donde se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva que, incluso, administraba el gasto de éste y ahora se le otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el pleno.
De los 5 mil millones de pesos que representa de ahorro en esta iniciativa, alrededor de 3 mil 500 millones son del INE, mientras que lo demás lo abona el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Específicamente, de acuerdo con el titular de la Segob, el Plan B de AMLO elimina la burocracia innecesaria en el organismo a cargo de Lorenzo Córdova, pues existe una duplicidad en funciones entre los Organismos Públicos Locales (OPLEs) y el INE. Además, las oficinas distritales del instituto se reducirían de 300 a 264.
Aunado a ello, por primera vez se reconoce que las personas de origen mexicano que se encuentran en el extranjero puedan votar a través de internet. Lo podrán hacer, no nada más con su credencial de elector, si no pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita la participación.
Explicó que, por primera vez en México, se prohíbe que se haga uso de instrumentos como monederos electrónicos y tarjetas de prepago o débito que servían para coaccionar y comprar el voto el día de la jornada electoral. Esto en una amplia referencia al caso Monex de las elecciones de 2012, donde ganó Enrique Peña Nieto la Presidencia de la República.
Asimismo, se reconoce que no pueden ya el INE o el TEPJF imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas, sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar. Ello significa que ya no podrán establecer criterios para anular candidaturas, sino que se garantiza la libre participación de las y los ciudadanos.
Por su cuenta, el presidente López Obrador celebró que existiera una reducción al gasto público del INE, aunque no olvidó que la reforma constitucional proporcionaba un ahorro tres veces mayor.
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