La Secretaría de Gobernación (Segob) debe emitir la versión pública de los contratos celebrados para implementar las medidas de seguridad del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas: así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) luego de una revisión a una solicitud de información.
El INAI detalló que, en dicha versión deberá estar visible solo el monto destinado para la ejecución del mismo, sin mencionar los nombres de las personas protegidas. La resolución del instituto se dio luego que la Segob se negara a otorgar diversos puntos de información al respecto.
La negativa se dio bajo el argumento de que la divulgación haría identificables los métodos utilizados para proteger a los beneficiarios del programa, y con ello, aumentaría el riesgo y vulnerabilidad.
Sin embargo, tras una deliberación, el INAI determinó que la clasificación de información no era válida, pues ésta no permite identificar al periodista o defensor.
En este sentido, la información que la Segob deberá proporcionar es:
-La cantidad actual de personas periodistas beneficiarios y/o inscritas en el mecanismo, dividido por entidad federativa;
-La cantidad actual de personas defensoras de derechos humanos y/o activistas beneficiarias y/o inscritas en este mecanismo;
-Datos divididos por sexo y entidad federativa
-Costo mensual y anual de la renta de los botones de asistencia asignados a las personas
beneficiarias y/o inscritas
-Monto del presupuesto anual del 2019 al 2022 desagregado por rubros
La violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos
Actualmente México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, según los datos de la ONG “Reporteros sin Fronteras”. El lugar no es fortuito: en los últimos 22 años, 156 periodistas han sido asesinados, según los registros de Artículo 19, 91 de ellos fueron ultimados pese a la existencia del mecanismo de protección.
En tanto, y de acuerdo con los datos del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México emitido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), al menos 58 defensores del ambiente y territorio han sido asesinados en los últimos tres años.
Ante las letales cifras, el mecanismo diseñado por las autoridades federales ha sido ampliamente criticado. En 2019 por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH publicó un informe diagnóstico en el que destacó la falta de recursos destinados al proyecto.
Asimismo, los beneficiarios han denunciado falta de eficiencia en la implementación de las medidas de seguridad. Tales son los casos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, quienes fueron atacados en Tijuana, Baja California a inicios de este año.
Ambos habían solicitado medidas de protección ante las amenazas recibidas por el trabajo que realizaban. Para el momento de su muerte, Martínez aún no lograba entrar como beneficiario; en tanto, Lourdes Maldonado fue asesinada pese a que contaba con rondines policiales.
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