
El pleito entre los partidos Rvolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) sigue escalando pues trascendió que diputados federales denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.
Esto fue compartido a través de la cuenta de Twitter de la diputada del Acción Nacional (PAN), Annia Sarahí Gómez Cárdenas, pues la denuncia también fue firmada por miembros del albiazul. En la publicación mostró el documento.
Dicha denuncia pública fue interpuesta por “impedir, obstaculizar y retrasar” la entrega de partidas de recursos federales y estatales a varios de los municipios de la entidad gobernada por García Sepúlveda, así como por haber llevado el requerimiento injustificado, embargo y ejecución de las cuentas de las demarcaciones.
“Es de señalarse que los hechos irregulares cometidos (...) corresponden a actos contrarios a la legalidad, efectuados en forma dolosa, arbitraria y temeraria, con fines meramente políticos contra dichas municipalidades” pues aseguraron que hasta el momento el gobernador no ha hecho la transferencia de los recursos.
Estos corresponderían a aportaciones federales del Ramo 33 de Infraestructura (dedicado a la atención de las demandas de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero, seguridad pública), así como al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN) relativo a seguridad.

Aunado a esto, indicaron que García Sepulveda habría requerido de las municipalidades el pago inmediato de un supuesto incumplimiento por concepto sobre nóminas el 31 de octubre.
Mientras que el 3 de noviembre ordenó la ejecución y embargo de las cuentas bancarias, de ahorro, cheques e inversión, fideicomisos y cajas de seguridad de los 25 municipios “dejándolas arbitrariamente en estado de inoperancia”, lo que los deja sin posibilidades financieras para satisfacer demandas de los neoleoneses.
Los municipios señalados en la denuncia son: Guadalupe, Dr. Arroyo, Dr. González, Galeana, Hualahuises, Iturbide, Aramberri, Agualeguas, Montemorelos, Santiago, Bustamante, General Bravo, General Treviño, Higueras, Lampazos de Naranjo, Linares, Parás, Pesquería, Rayones, Apodaca, Juárez, Allende, Santiago, Cadereyta Jiménez y San Nicolás de los Garza.
Por estos motivos, los diputados solicitaron a la ASF que emprendiera una revisión a los actos de Samuel García y se elabore un informe para la Cámara de Diputados.
De igual forma que se emprendieran acciones legales correspondientes para fincar responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar contra Samuel García.

El documento fue firmado por cinco legisladores del PRI (María de Jesús Aguirre, Juan Francisco Espinosa, José Luis García, Karina Barrón, Andrés Cantú) y seis panistas (Mariana Mancillas, Víctor Manuel Pérez, Pedro Salgado Almaguer, Héctor Israel Castillo, Wendy Maricela Cordero, Annia Sarahí Gómez).
Fue durante el jueves que al menos 11 presidentes municipales del estado mencionaron que el gobernador emecista habría retenido fondos destinados a sus demarcaciones.
“Nunca se había visto esta extorsión y presión política, pero no seremos rehenes, no seremos víctimas”, denunció el presidente municipal de Apodaca, César Garza Villarreal.
Los regidores locales demandantes en esa ocasión fueron los titulares de Guadalupe, San Nicolás, Agualeguas, General Bravo, Santiago, Cadereyta, Montemorelos, Higueras y Bravo, así como Apodaca.
Cabe señalar que el mismo día, Samuel García anunció por su cuenta de Instagram que estaría en una gira por Egípto como parte de la Cumbre Climática COP 27, sin comentar nada sobre las acusaciones de los ediles.
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