
Tras la cancelación de 21 órdenes de aprehensión contra elementos de las Fuerzas Armadas y ex funcinarios presuntamente vinculados en desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), adelantó que se podrían reactivar algunas de estas órdenes.
De acuerdo con lo dicho por el mandatario durante su conferencia matutina de este 26 de octubre, esto siempre y cuando se cumpla con todos los procedimientos legales.
Cabe recordar que a mediados de septiembre de este año se dio a conocer que a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), fueron inhabilitadas 21 de las 83 órdenes emitidas contra militares y exfuncionarios presuntamente involucrados en el caso.
La decisión volvió a ser respaldada por el presidente López Obrador, quien argumentó que dichas órdenes no estaban contempladas en el informe de la Comisión para el Accesos a la Verdad y la Justicia (COVAJ).
Además durante sus declaraciones de este miércoles el mandatario planteó que habría probabilidad de que elementos bajo investigación habrían buscado “dinamitar” el proceso.

Bajo este sentido remarcó que podrían sumarse más órdenes de aprehensión conforme se dé el avance de las investigaciones.
Entre otros temas, el jefe del Ejecutivo detalló que uno de los temas abordados durante la reunión que mantuvo el pasado el 24 de octubre con los padres de los normalistas, fue la renuncia del ex fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, misma que trascendió el pasado 27 de septiembre.
“Había mucha distorsión, por eso fue muy bueno el encuentro y el que fue nombrado por la fiscalía, Rosendo Gómez Piedra es un abogado íntegro, honesto”, aseguró.

Los cuestionamientos del GIEI
En septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó que las 83 órdenes de aprehensión soicitdas estaban fundamentadas, por lo que exigió a la FGR explicar el por qué del cancelamiento de 21 de ellas.
En un encuentro, tanto Ángela María Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox y Carlos Beristain detallaron que las órdenes fueron concedidas por el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca contra militares, policías y miembros de Guerreros Unidos.
Dichos procesos estaban bien fundamentados, según argumentaron los expertos, por lo que no exisitían motivos jurídicos por los cuales se hubieran podido cancelar.
“La solicitud de las 83 órdenes fueron con fundamento en el análisis de la investigación y por esa razón es tan importante entender que hay que respetar las decisiones de la justicia y los Mps decidieron tener en cuenta toda la información para poder solicitar esas órdenes. Lo que es incomprensible es que un fiscal que no conoce del asunto, que no sabe por qué están consignados —la consignación y el ejercicio de la acción son más de 600 folios— que nunca tuvo acceso el fiscal que solicito la revocatoria. Nunca, nunca supo por qué tenía que quitar o dejar”, planteó Buitrago conferencia de prensa el mes pasado.
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