El Senado de la República aprobó por mayoría calificada la reforma a la Guardia Nacional (GN), misma que establece que será hasta 2028 que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estará a cargo de la operatividad y administración de esta corporación de seguridad.
Tras un intenso debate, las y los senadores de las bancadas de Morena, PT, PES, PVEM y el PRI juntaron la cantidad de votos necesarios para ratificar esta iniciativa constitucional el martes 4 de octubre. Cabe destacar que, al modificarse el 5° transitorio de la Carta Magna, se requiere de mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los escaños, por lo que la Sedena estará a cargo de las áreas de seguridad y protección ciudadana hasta marzo de 2028.
Con 87 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, la Cámara Alta logró ratificar la iniciativa emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro y modificada por las diferentes bancadas en el Senado, lo cual fue gracias al trabajo de las comisiones unidas de Estudios Legislativos Segunda y de Puntos Constitucionales del Senado de la República y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de este organismo legislativo.
Al respecto, cabe destacar que las modificaciones a la llamada “Ley Alito” son consistentes a un trabajo interparlamentario donde se escucharon a todas las voces que impidieron, en un primer debate, que esta reforma no sea ratificada, ya que la semana pasada se intentó pasar dicha iniciativa, pero la redacción de San Lázaro dejó mucho qué desear, por lo que del Pleno, fue nuevamente remitida a las comisiones para modificarse.
De acuerdo con Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, el trabajo de modificación fue gigante, pues en muy poco tiempo se lograron incluir 11 de las 13 propuestas que alterarían el contenido original de la redacción. Concretamente, Monreal Ávila explicó que las modificaciones a la reforma de la Guardia Nacional se sustentan en cuatro pilares que empoderan al legislativo federal ante la Secretaría de la Defensa Nacional:
1. Las Fuerzas Armadas estarán obligadas a realizar comparecencias y entregarán informes semestrales en los que demuestren sus aportaciones y resultados en tareas de seguridad y protección ciudadana. En dichos ejercicios participará la Sedena, Semar y Segob.
2. Se promueve la evaluación al desempeño del Ejército y la Marina en tareas de seguridad y protección ciudadana de manera constante mientras continúen como fuerzas permanentes del orden.
3. El Congreso de la Unión constituirá una comisión bicameral encargada de evaluar el quehacer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en México, así se ejercerá una facultad de control de la que los soldados y marinos no son objeto, con la intención de que su desempeño mejore.
4. Se contempla un plan de fortalecimiento a las policías estatales, el cual constará de adiestramiento, dotación de recursos, formación profesional y demás insumos que preparen a los cuerpos civiles lo suficiente para que puedan suplir a las Fuerzas Armadas en sus quehaceres sin que esto represente un riesgo mayor.
Ante la diferencia presentada entre la primera redacción con la que se aprobó, el doctor Monreal Ávila insistió en que “ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la Ley Alito. Nosotros respetamos a Alito, pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta, ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios”. Por lo que se espera un verdadero sistema de contrapesos en esta nueva etapa de la estrategia nacional de seguridad y protección ciudadana.
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