El caso de Florence Cassez e Israel Vallarta llegó a la pantalla chica - a través de Netflix - con un documental inspirado en el libro ganador del premio Alfaguara en 2018: Una novela criminal, del escritor y periodista Jorge Volpi.
Dicho largometraje fue evocado en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien - pese a aclarar que aún no lo ha visto - no dudó en enfatizar un detalle que, según sus fuentes, el documental habría omitido mencionar: la supuesta vigencia de la tortura en México.
“Lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en el que se tortura (...) No somos iguales, eso se terminó”, expresó este 29 de agosto ante la prensa, desde Palacio Nacional.
En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo también hizo mención de otro aspecto, el cual señaló de “cierto”, aún cuando están de por medio sus dos titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (anterior) y el actual Adán Augusto López, este último también “corcholata” presidencial.
“Lo que dicen es que los torturados todavía no salen, van a salir”, aseveró antes de - aparentemente - reconocer la incapacidad de Sánchez Cordero y López Hernández.
No obstante, Andrés Manuel defendió a los dos funcionarios al señalar que dicha imposibilidad de hacer justicia por las y los torturados en las cárceles se debe en gran parte a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a funcionarios “sin entusiasmo”.
“Los procedimientos judiciales son de lo más complejos y además no hay entusiasmo; no hay voluntad en algunos funcionarios de hacer justicia. (...) Hay todavía mucho burocratismo. Falta el oficio del juez y no se ha estudiado bien el expediente”, atajó y aseguró que dicha “rectitud” habría incluso imposibilitado al ministro presidente, Arturo Zaldívar.
Nueva tarea para Rosa Icela: reparación de daños
Ante la lentitud del sistema jurídico mexicano para hacer llegar justicia a quienes se encuentran en la cárcel de manera injusta, el presidente designó a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para encargarse de “la reparación de daño”.
Es pertinente recordar que - respecto al caso Cassez-Vallarta - es Israel Vallarta quien aún continúa en el penal de máxima seguridad de Puente Grande sin sentencia hasta el día de hoy. Por su parte, la francesa había sido sentenciada a 96 años de cárcel, sin embargo, luego de seis años, la primera sala de la SCJN ordenó su liberación tras determinar que durante su proceso hubo serias violaciones.
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