En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se colocó en el centro de las polémicas tras anunciar su propuesta de integrar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las críticas, desacuerdos y advertencias no han dejado de circular en medios y redes sociales desde entonces. Al respecto, Amnistía Internacional, una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos más importantes del mundo, alertó que esta medida podría resultar perjudicial.
A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, manifestaron su postura ante la criticada y controversial iniciativa de AMLO.
“Una vez más alertamos sobre los riesgos de la militarización de México y la ilegalidad de formalizar la adscripción de la #GuardiaNacional a la @SEDENAmx”, escribieron en un primer mensaje haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter.
Como argumentos, señalaron que hoy en día “México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles” y señalaron que con el paso de los años ha habido un alarmante incremento en el número de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica e incluso sexual.
Por otro lado, refirieron que los estándares globales de Derechos Humanos estipulan que las Fuerzas Armadas “sólo pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y NO MILITAR”.
En adición, la organización recordó que la Constitución Política mexicana, así como la Ley de la Guardia Nacional establecen que esta instancia únicamente puede cumplir con actividades civiles, no militares.
Como precisión, eso está decretado en el artículo 4 de la legislación, en el cual se puede leer que “la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría [de Seguridad y Protección Ciudadana]”.
Uno de los vínculos que sí establece la Ley entre la GN y las corporaciones castrenses corresponde a las labores de capacitación de los agentes.
El artículo 38 señala que las instituciones de Educación Militar y Naval, así como de los Centros de Adiestramiento de las Fuerzas Armadas, pueden ser parte de los convenios de colaboración establecidos entre los titulares de las dependencias para la profesionalización del personal de la Guardia Nacional.
Sumado a lo anterior, Amnistía Internacional resaltó que el artículo 90 de la Constitución dicta que “la organización de la administración pública está en manos del Congreso de la Unión”, lo que significa que toda modificación en las leyes debe ser aprobada por el Poder Legislativo.
Esto, en respuesta a la postura que AMLO adoptó al anunciar su propuesta de reforma constitucional, pues adelantó que en caso de que su iniciativa sea rechazada por el Congreso, implementará dicha medida a través de un decreto presidencial.
“Tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar porque tengo problemas que resolver. Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo, y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada” aseguró el día que dio a conocer la posible integración de la GN a la Sedena.
Al finalizar su mensaje, Amnistía Internacional solicitó que el mandatario replantee la propuesta y el impacto que podría tener para la sociedad mexicana.
“Hacemos un llamado fuerte y claro al presidente @lopezobrador_ a reconsiderar su decisión de militarizar la seguridad pública del país”, escribieron.
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