Las personas al centro y la movilidad al frente

En la Ciudad de México, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del INEGI, todos los días 3 millones de personas se mueven en Metro, unos 7 millones lo hacen en autobuses de la red de transporte de pasajeros y concesionado, y otros 900 mil utilizan el Metrobús, Trolebús y otras formas de transporte masivo. Además, por las calles diariamente circulan cerca de 5 millones de vehículos particulares, 340 mil ciclistas y 150 mil motociclistas, todos con la necesidad de trasladarnos dentro de nuestra ciudad.

La Constitución de la Ciudad de México establece que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad” y que las autoridades deberán garantizar el ejercicio de este derecho. Por eso, la política de movilidad que se implemente para movilizar en estas condiciones a más de 10 millones de personas resulta fundamental.

Hoy, sin embargo, circular por las calles de la capital se ha vuelto una actividad riesgosa. ¿Por qué lo digo? Hace unas semanas la Secretaría de Movilidad, publicó el primer Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de este año, en su contenido se muestra que de 2020 a la fecha el número de personas lesionadas por hechos viales en todas las modalidades y usos de vía, aumentó 68%. El informe también da cuenta que entre el año pasado y lo que va de este, 533 personas han perdido la vida a causa de un siniestro de tránsito.

Este trágico reporte se puede explicar muy fácilmente. Al inicio de esta administración, como producto de una promesa de campaña, se optó por eliminar las llamadas “fotomultas” por considerarlas meramente recaudatorias a cambio de sanciones cívicas para educar en vez de sancionar y así reducir hasta en 30% las muertes viales.

Tres años después, las muertes viales han aumentado más del 40% así como la velocidad en las calles que ha superado por mucho el promedio logrado en los anteriores años. La evidencia es contundente, las “fotocívicas” han fracasado y es urgente replantear el esquema, cada día en que la Secretaría de Movilidad se empeñe en mantenerla, seguirá causando cientos de accidentes, decenas de lesionados y muertes por hechos de tránsito.

Por eso, para enmendar el rumbo, este gobierno requiere más que una evaluación a las políticas vigentes, primero necesita de una buena dosis de autocrítica. Gobernar implica también enmendar los errores cometidos y este es uno que está costando vidas. De ese tamaño es la equivocación.

Con la reciente aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se abre una ventana de oportunidad para replantearnos la manera en la que se ha venido decidiendo la movilidad en la ciudad, de innovar y apostar por políticas que coloquen a las personas al centro.

Es el momento de privilegiar los medios de transporte más eficientes y seguros, de aplicar medidas eficaces para el control de velocidad, de planear y poner en marcha diseños del entorno pensados para las personas y sus necesidades y no en las de los automóviles. Es la oportunidad de optar por más y mejor transporte masivo, por espacios planeados para las personas transeúntes, ciclovías, calles y banquetas antes que hacerlo por kilómetros de asfalto o pasos elevados.

El objetivo no puede ser otro. Las personas, su seguridad e integridad física deben ser el criterio preponderante. Por ello, el próximo 1 y 2 de agosto, en el Congreso de la Ciudad de México iniciaremos el diálogo hacia la armonización de nuestra ley local de movilidad con las nuevas disposiciones de la Ley General. Hemos hecho una convocatoria abierta y plural a la academia, sociedad civil y expertos de la movilidad para conversar, aprender y tomar las mejores decisiones. Algo que desde hace tres años ha faltado en la ciudad, escuchar otras voces para que una movilidad eficiente, accesible y segura sea posible.

Royfid Torres González es legislador por Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México.

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