“Lo personal es político”: Ley Sabina va contra los deudores alimentarios en Michoacán

Se llevó a cabo el Primer Congreso por los Derechos de las Mujeres, Infancias y Adolescencias contra las Violencias Alimentarias en el estado de Michoacán, en donde se enfatizó que la falta de pago de las pensiones alimenticias constituía una violación a los derechos de la niñez, pero también implicaba una forma de violencia económica contra las mujeres.

En el evento también participó el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, un grupo organizado de diferentes colectivas de varios estados de la República que pelean por esta causa y quienes entregaron al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, una propuesta que han nombrado “Ley Sabina”.

La Ley Sabina consta de más de 40 reformas a los códigos civil y penal, como lo son el reconocimiento del abandono de una mujer embarazada; el esclarecimiento de los derechos familiares que pierde un deudor alimentario, como guarda y custodia; la creación de un registro estatal de deudores, con acceso al público; el impedimento para ser funcionario estatal o municipal si se es deudor alimentario, entre otros.

La Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Tamara Sosa Alanís, informó durante el congreso que tan sólo en el primer semestre del presente año se habían registrado en Michoacán 8 mil 207 casos de violencias contra las mujeres, de los cuales, el 18.33% correspondió a violencia económica, el 30.29% a física, el 9.17% a patrimonial y el 42.19% a psicológica, siendo el grupo de edad de 19 a 40 años el más afectado, con el 68.7% del total.

Asimismo, explicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2020, hay 410 mil 986 madres autónomas en Michoacán, que representa un 32% de los hogares.

Diana Luz Vázquez Ruiz, promotora principal de la Ley Sabina a nivel nacional, refirió a que los hombres siguen sin cumplir con sus responsabilidades, por lo que exigió al gobernador legislar y “poner piso parejo para hombres y mujeres en la entidad y que asuman la agenda desde las políticas públicas”.

Aseguró que, debido a que lo personal es político, el objetivo es “sacar el problema del contexto privado y exponerlo en el ámbito público”, esto se ve reflejado en que además de la iniciativa, el Frente de Mujeres ha organizado 11 tendederos de deudores alimentarios en 11 estados y han logrado que al menos 50 por ciento de los hombres paguen las pensiones alimenticias, “porque pesa más el escarnio social que un proceso legal”, comentaron.

Diana Luz compartió la importancia de generar una cultura de la demanda en materia familiar que disminuya el desequilibrio social que obliga a las mujeres a transitar la maternidad solas, con la triple o hasta cuádruple jornada laboral, debido a la nula o reiterada falta de pago de pensión alimentaria.

De igual manera, dijo que los jueces dan entrada a solicitudes a hombres cuando se discute una pensión alimentaria para beneficiarios, además de que existen lagunas al querer hacer valer la ley, pues los padres renuncian, cambian de dirección o no acuden a las audiencias, sin que haya consecuencia alguna.

Otro aspecto que se debe subsanar, aseguró el Frente, es la revictimización de las mujeres madres autónomas que demandan el pago de la pensión o recurren a la exposición pública del deudor alimentario, ya que son contrademandadas por daño moral y similares.

Afirmó que no se espera resistencia en la entidad para lograr la aprobación de las reformas, a pesar de la normalización de estas violencias, ya que, a diferencia del aborto, el cuidado de los hijos no es un tema que polariza, “¿cómo se puede votar en contra de los derechos de las mujeres y de las infancias?”, planteó Diana Luz.

Por su parte, el gobernador del estado Alfredo Ramírez, aseguró que se va revisar el documento y van a presentarlo ante el Congreso local para que sea aprobado, sin embargo aún no hay una fecha para llevar la iniciativa de Ley ante este órgano.

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