Buscan asistencia obligatoria a programas terapéuticos para quien resulte culpable por violencia familiar

Para garantizar la seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar, Berenice Montes, diputada federal por el PAN, propuso una reforma para que el responsable de dicha agresión tenga que acudir a programas terapéuticos dentro de su tratamiento psicológico especializado.

De tal razón que la abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN) planteó modificar el Artículo 343 Bis del Código Penal Federal (CPF), esto para establecer este recurso como parte de la rehabilitación del agresor.

Hasta el momento, dicho artículo define al delito de violencia familiar como aquella persona que “lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar”.

Asimismo, a quién se le encuentre culpable de dicho ilícito “se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado”. Y es esta última línea en la que se pretende hacer la adición mencionada por la panista.

Montes Estrada explicó que las instituciones que brinden los servicios correspondientes para la reinserción darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento seguido por la persona sentenciada, así como de su evolución, desde su inicio hasta su conclusión.

Para argumentar su iniciativa, la panista recalcó que la violencia contra la mujer de parte de un compañero íntimo o violencia doméstica es una de las formas más comunes de agresión contra las mujeres en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que el 30% de las mujeres que tienen o han tenido un compañero íntimo han experimentado violencia de parte de este, tanto física como sexual.

Aunado a esto, destacó, durante su presentación de motivos, que la Asociación Médica Americana afirma que, aproximadamente un 25% de las mujeres sufre violencia doméstica por lo menos una vez en su vida. De tal modo que ponderó como necesario que el agresor reciba este tipo de tratamientos, que en parte ayudará a la garantía de no repetición.

Bajo esa perspectiva, agregó que el tratamiento psicológico a los agresores domésticos es, junto con otras medidas judiciales y sociales, “una actuación necesaria”. Aclara que tratar a un agresor no significa considerarle no responsable: “Es una falsa disyuntiva porque una de las metas principales del tratamiento es que asuma la responsabilidad por su conducta”.

La pertinencia de no dejar desapercibida este tipo de violencia radica en que, al menos, un tercio de las mujeres maltratadas que buscan ayuda asistencial o interponen una denuncia siguen viviendo, a pesar de todo, con el agresor, por lo cual existe una alta probabilidad de que la víctima continúe siendo objeto de abusos y agresiones.

Finalmente, la iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia para su correcta dictaminación, para después ser llevada al pleno de la Cámara de Diputados en el siguiente periodo de sesiones.

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