Tras el juicio oral comenzado el martes 27 de junio, un juez federal dictó sentencia de tres años de cárcel contra Roberto Cabrera Alfaro por la entrega ilegal de 49 mil perfiles genéticos de víctimas de desaparición y sus familias a una empresa privada.
Cabrera Alfaro fue el director de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y en el 2017 entregó perfiles genéticos en una USB a la empresa ADN México. Por lo que fue condenado por ejercicio ilícito del servicio público.
Esto fue ratificado por la misma empresa durante el juicio, según reportó Aristegui Noticias, sin ningún tipo de control o contrato.
Por este delito, el juzgador Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, constituido en tribunal de enjuiciamiento, determinó una sentencia de 3 años de prisión así como una multa de 3 mil 19 pesos. Además lo inhabilitaron por dos años, por lo que no podrá ocupar un cargo público ni participar en algún concurso de contratación pública.
La defensa del exfuncionario, sin embargo, anunció que no pisará la cárcel porque apelará la sentencia. De igual forma exigirá que la Secretaría de Gobernación realice un acto público de reconocimiento de irregularidades cometidas por el estado y que la FGR continúe con la investigación a otras personas relacionadas con el caso.
De acuerdo con el grupo A dónde van los desaparecidos, esta entrega era parte de una estrategia del gobierno para la creación de una base de datos confiable, sin embargo, la entrega se hizo de forma irregular.
Roberto Cabrera Alfaro trabajó anteriormente en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y posteriormente en 2018 presidió el CNB, siendo el primer comisionado. Durante su estancia en la CNS, entregó a Mariana García Sosa, directora comercial de la empresa, una memoria USB que contenía los datos genéticos.
Dicha entrega se hizo el 31 de mayo del 2017 en las oficinas de la CNS. Según declararon, estas entregas tuvieron lugar en dos ocasiones más. La segunda cuando Alfaro ya presidia la CNB y la tercera con permiso de la entonces Procuraduría General.
Además, los familiares no fueron informados al respecto. En cambio, fueron contactados por la empresa quienes les afirmaron que podían ayudar a la localización de sus familiares desaparecidos.
Cabrera Alfaro negó dicha entrega aludiendo que se encontraba en Sinaloa, sin embargo, la FGR presentó a García Sosa como testigo quien corroboró la entrega. Además, de acuerdo con la investigación periodística “Traficantes de ADN”, fue García Sosa quien se acercó a familiares para ofrecer sus servicios.
Otro reportaje, “Así fue la entrega ilegal de datos genéticos de 49 mil desaparecidos”, elaborada por El Financiero y Proceso, documentó también el modo en que sucedió la entrega de los perfiles a la empresa y la sorpresa que causó entre funcionarios al hacerse público que ADN México tenía en sus manos la información confidencial.
La FGR señaló además que al no concretarse, la empresa destruyó la base de datos con los perfiles obtenidos, lo cual fue criticado al considerarse una prueba.
Cabe señalar que a inicios del mes de abril el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer que México pasa por una crisis forense debido a la falta de bases de datos a nivel federal de desaparecidos así como el resguardo inadecuado de datos.
Por esto, serían necesarios 120 años para identificar los restos humanos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día.
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