
A más de siete años de la desaparición de 43 normalista de Ayotzinapa, el caso ocurrido en Iguala, Guerrero podría quedar resuelto, puesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este 2022 se dará a conocer el resultado de las investigaciones emprendidas por su administración ya que el gobierno federal ya tiene conocimiento de qué fue lo que sucedió con los estudiantes.
Expresó que desea tener todos los elementos para certificar y validar pruebas de acuerdo al debido proceso, “pero ya tenemos muchos avances”, reiteró. Cabe recordar que este es uno de los compromisos que López Obrador no ha podido cumplir en lo que lleva de su sexenio.

Durante la conferencia de este 30 de junio el mandatario aceptó que aún hace falta la extradición de Tomás Zerón de Lucio, figura considerada pieza clave de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que actualmente se encuentra en Israel.
Y es que hace a penas dos semanas (el 16 de junio de este año), padres y madres de los 43 estudiantes normalistas realizaron una manifestación como parte de una serie de movilizaciones ante lo que ellos señalaron como un “estancamiento” en las investigaciones.
Sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de México, padres y estudiantes marcharon hasta el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar una reunión con el canciller Marcelo Ebrard a quién le exigieron acelerar el proceso de extradición de Zerón de Lucio.
Cabe señalar que Tomás Zerón fue funcionario en temas de seguridad en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; y desde 2019, es buscado por la justicia mexicana por diversas acusaciones.
Gracias a la investigación periodística de la autora del libro, La verdadera noche de Iguala, Anabel Hernández, se dio a conocer que Zerón es una de las figuras fundamentales del caso. Según lo reportado por la periodista, él fue el encargado de torturar a los estudiantes. Además, se presume que fue quien desvió la investigación.

Entre avances y retrocesos
Cabe señalar que apenas en mayo de este año, la Secretaría de Gobernación (Segob) acusó al Poder Judicial de la Federación de obstaculizar el caso que lleve a la justicia por la desaparición de los 43 estudiantes luego de que fuera exonerados dos integrantes de “los Tilos”.
Esto pese a que la Segob asegurara que las acusaciones contra ellos estaban sustentadas en “evidencia sólida”, por lo que acuso que el Poder Judicial estaba impudiendo el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas.
Un mes antes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), admitió que hubo omisiones e incosistencias en el informe que el propio ente emitió en 2018 sobre el caso Ayotzinapa.
Para remendar estos fallos, la CNDH estableció una propia metodología y equipo que evaluara la posible “existencia de omisiones, inconsistencias o extralimitaciones” en “el marco de las investigaciones realizadas” por el ente.
Pese a las medidas reportadas y a que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, expresó en 2020 que “Se acabo la verdad histórica”, aún no se ha dado a conocer el paradero de los estudiantes, en tanto los padres y madres de los 43 normalistas siguen esperando justicia y saber en dónde están sus hijos.
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