Periodista Luis Enrique Ramírez Ramos fue asesinado por múltiples golpes en la cabeza

Luego de que se informó la tarde de este jueves el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, Sara Bruna Quiñónez Estrada, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, ofreció una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el caso.

La fiscal señaló que cerca de las 10:40 horas de este 5 de mayo se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida envuelto en una bolsa negra en un camino de terracería que va de la carretera internacional México 15 a la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán.

Al lugar arribó personal de servicios periciales para llevarse el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le realizó la autopsia correspondiente y se determinó que el comunicador de 59 años de edad murió a causa de un traumatismo craneoencefálico a consecuencia de múltiples golpes contusos.

Agregó que fueron su hermano y su cuñada quienes identificaron posteriormente sus restos en las instalaciones forenses.

Quiñónez Estrada afirmó que hasta el momento se desconoce el móvil de su muerte, pues no se presentó ninguna denuncia por su desaparición ni tampoco por amenazas ante la agencia del Ministerio Público.

Sin embargo, dijo que hasta la noche de este 3 de mayo, el director fundador del sitio de noticias Fuentes Fidedignas y columnista del portal El Debate se encontraba en su casa, pero a las 02:30 la abandonó y ya no regresó.

Sobre la versión de que el periodista fue privado de su libertad por un grupo armado, la funcionaria aseguró que no se han recabado datos serios sobre dicha hipótesis.

No obstante, mencionó que ya se trabaja en la carpeta de investigación, donde no se descarta ninguna línea de investigación, incluso una posible relación con su labor profesional.

Cabe mencionar que Ramírez Ramos solía escribir sobre temas de política del estado. Incluso, su última columna trató sobre un gasto excesivo que no pudieron justificar Roxana Rubio y Luis Ángel Solano, dos dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa.

Además, en 2015 reconoció que, tras analizar otros casos de violencia contra comunicadores en Sinaloa, se sentía en riesgo de ser asesinado por su labor periodística, por lo que estuvo bajo la protección de Artículo 19, proceso por el que se refugió varios años en la Ciudad de México.

“Yo sí siento el peligro inminente de que yo soy el que sigue, porque hay un patrón, en cuatro asesinatos recientes, incluido el de Humberto Millán (quien era director del medio digital A Discusión), en el que yo encajo”, declaró entonces.

En cuanto a la seguridad de su familia, declaró que se van a entablar pláticas con los familiares para valorar la situación, y si es necesario, se le va a otorgar protección.

Finalmente, Quiñónez Estrada compartió que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le pidió que se agotaran todas las líneas de investigación para esclarecer debidamente los hechos.

Durante su trayectoria, Luis Enrique recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Pablo de Villavicencio de la Universidad Autónoma de Sinaloa (en dos ocasiones), el Premio de Periodismo del Festival Cultural de Sinaloa y el Premio Nacional de Periodismo Juvenil José Pagés Llergo del CREA.

Con él ya son nueve comunicadores asesinados en el país en lo que va del 2022. Los otros ocho son José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñiz y Armando Linares.

Desde el año 2000 hasta la fecha, Artículo 19 ha documentado 151 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor profesional. Del total, 139 son hombres y 12 son mujeres. De éstos, 47 se registraron durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 32 en el actual del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ya contabilizando al recién ultimado periodista en Culiacán.

Por esta situación, organismos y organizaciones internacionales han advertido sobre los riesgos que los periodistas enfrentan en México, así como llamado a las autoridades de todos los niveles a que garanticen condiciones de seguridad para que la prensa ejerza su trabajo.

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