Intervención federal en el penal de San Miguel dependerá de que el gobierno de Puebla la solicite, afirma Sheinbaum

El Gobierno federal podría participar en la atención de las denuncias por presuntos actos de corrupción en el penal de San Miguel, Puebla, pero cualquier intervención de las fuerzas federales dependerá de que el gobernador Alejandro Armenta la solicite, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta declaración ocurre después de una serie de manifestaciones encabezadas por familiares de personas privadas de la libertad, quienes denunciaron un presunto sistema de extorsiones dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso), donde los internos tendrían que entregar dinero para evitar agresiones, abandonar determinadas áreas del reclusorio o acceder a servicios básicos.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, Sheinbaum explicó que el penal está bajo la administración del gobierno de Puebla y que el Gabinete de Seguridad mantiene comunicación con las autoridades estatales para conocer la situación y brindar apoyo en caso de que sea requerido.

“Es un penal que está bajo la administración del gobierno del estado de Puebla y está en contacto el Gabinete de Seguridad para poder, si requiere apoyo el estado de Puebla, poder apoyar en lo que se requiera. Tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla”, precisó.

La mandataria recordó que existen antecedentes de colaboración federal en otros centros penitenciarios del país, como ocurre en Sinaloa, donde las fuerzas federales mantienen intervenciones permanentes para retirar teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

“Permanentemente hay intervención de las fuerzas federales para poder quitar celulares y otros objetos y hay otros casos en el país”, explicó.

Sin embargo, insistió en que una operación de ese tipo en San Miguel tendría que contar primero con una petición del gobierno estatal.

Familiares denuncian extorsiones de hasta 300 mil pesos en el penal de San Miguel

Las acusaciones contra el funcionamiento del Cereso de San Miguel se intensificaron el 10 de noviembre, cuando familiares de internos realizaron bloqueos en ocho puntos de la zona metropolitana de Puebla para exigir la intervención de las autoridades.

De acuerdo con testimonios recogidos por La Jornada de Oriente, los cobros ilegales denunciados alcanzarían cantidades de entre 20 mil y 300 mil pesos, con exigencias que podrían realizarse diariamente o por semana. Los familiares aseguraron que los pagos se condicionan a evitar represalias contra las personas recluidas, incluidas golpizas y amenazas.

Entre las prácticas señaladas también se encuentra el cobro para abandonar determinadas áreas del centro penitenciario, acceder a servicios básicos y evitar agresiones de otros internos.

Los manifestantes exigieron la destitución de Jorge Ortiz Delgadillo, director del penal, a quien atribuyeron presuntas omisiones frente a las irregularidades denunciadas.

También solicitaron el traslado de dos internos, a quienes señalaron como presuntos responsables de coordinar extorsiones y actividades relacionadas con el tráfico de drogas dentro del reclusorio.

Los bloqueos se extendieron por vialidades como el Periférico Ecológico, a la altura del C5; la avenida Reforma, en sus cruces con las calles 11 Sur y 3 Sur; las inmediaciones de Casa Aguayo; la autopista México-Puebla, a la altura del puente de Xoxtla; la caseta de Atlixco y el Camino al Batán.

Los inconformes también acudieron a las inmediaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), donde cuestionaron la falta de respuesta a las quejas presentadas por las condiciones de internamiento.

De acuerdo con los testimonios publicados por La Jornada, algunos familiares aseguraron que, después de movilizaciones anteriores, sus parientes fueron golpeados dentro del penal como represalia. Por temor a nuevas agresiones, explicaron que durante las protestas procuraron ocultar sus identidades.

Armenta anuncia revisión del penal con Marina, Defensa y Guardia Nacional

Un día después de los bloqueos, el 11 de noviembre, Alejandro Armenta informó que su administración realizaría una revisión a fondo del penal de San Miguel y de otros centros penitenciarios de Puebla, con la participación de autoridades federales.

El gobernador señaló que durante una reunión de la Mesa de Paz se acordó incorporar a la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y áreas de inteligencia del Gobierno federal para revisar el funcionamiento de los reclusorios.

“Tuvimos la mesa de paz hoy, se va a hacer un trabajo muy a fondo con La Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, la Comisión de Inteligencia de la Federación para revisar cómo está el funcionamiento del penal de San Miguel y otros”, declaró.

Armenta también adelantó que solicitaría analizar el traslado de dos internos considerados de alta peligrosidad, quienes fueron señalados por los manifestantes como presuntos responsables de los cobros ilegales y las amenazas contra otros reclusos.

El mandatario, sin embargo, cuestionó la manera en que se organizaron las movilizaciones. Afirmó que las protestas se realizaron de manera sincronizada en diferentes vialidades y sostuvo que algunos participantes habrían sido contratados para permanecer durante dos horas en los bloqueos.

También aseguró que su administración investigaría quiénes estarían detrás de la organización y el presunto financiamiento de las manifestaciones.

No obstante, señaló que las dudas sobre la movilización no impedirían revisar las denuncias relacionadas con el funcionamiento del centro penitenciario.

Las denuncias en San Miguel se remontan a 2025

Los señalamientos sobre presuntas extorsiones dentro del penal de San Miguel no comenzaron con las protestas de noviembre de 2026. Familiares de personas privadas de la libertad han denunciado diferentes modalidades de cobro desde el año anterior.

El 14 de noviembre de 2025, alrededor de 50 personas bloquearon el Camino al Batán para denunciar que algunos internos debían entregar hasta 8 mil pesos semanales para evitar agresiones.

En aquella movilización, los manifestantes señalaron a personas privadas de la libertad a quienes atribuyeron el control de una estructura de extorsión y venta de drogas. También denunciaron la presunta comercialización de teléfonos celulares dentro del reclusorio.

En agosto de ese mismo año, otros familiares habían reportado cobros por el acceso al agua, artículos de limpieza y servicios básicos, además de exigencias económicas a quienes recién ingresaban al centro penitenciario.

Las acusaciones continuaron durante 2026. En abril, nuevos testimonios señalaron que algunos internos debían pagar hasta 3 mil pesos semanales y entregar dinero para abandonar determinadas áreas del penal.

Posteriormente, el 31 de mayo, familiares denunciaron que las cantidades exigidas para salir del área de castigo conocida como estancia podían oscilar entre 5 mil y 20 mil pesos.

Los testimonios describen un esquema en el que el dinero permitiría mejorar las condiciones de internamiento, evitar agresiones o abandonar espacios considerados de mayor riesgo. Sin embargo, las acusaciones requieren ser investigadas por las autoridades para determinar quiénes participan y si existe complicidad de personal penitenciario.

Puebla prepara inhibidores de señal para el penal de San Miguel

Otro de los aspectos relacionados con las denuncias es la presunta disponibilidad de teléfonos celulares dentro del centro penitenciario, dispositivos cuya comercialización y uso fueron señalados por familiares como parte de las irregularidades.

El problema tiene implicaciones de seguridad debido a que los teléfonos pueden facilitar comunicaciones entre personas recluidas y el exterior, además de representar un posible instrumento para amenazas y extorsiones telefónicas.

En este contexto, el Gobierno de Puebla abrió una licitación para adquirir ocho inhibidores de señal telefónica destinados al penal de San Miguel.

De acuerdo con información publicada por Quadratín Puebla, el procedimiento GEP-SPFA-LPN-308-736/2026 contempla equipos con capacidad para bloquear tecnologías 3G, 4G y 5G, además de una plataforma de administración y un centro de monitoreo permanente.

El fallo del procedimiento está previsto para el 26 de noviembre de 2026, mientras que la instalación, las pruebas y la capacitación deberán concluir a más tardar el 31 de diciembre.