Buen Gobierno alerta por presuntas irregularidades de Broxel y pide frenar crédito de 4 mil 200 mdp de Bancomext

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió no autorizar un financiamiento de hasta 4 mil 200 millones de pesos solicitado por Servicios Broxel a Nacional Financiera (Nafin) y al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), al considerar que existen riesgos para la recuperación de los recursos públicos ante presuntas irregularidades en contratos gubernamentales.

La advertencia quedó asentada en el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre de 2026 y dirigido al Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de Bancomext, previo a una sesión extraordinaria en la que se analizaría la participación de la institución financiera en una línea de crédito destinada a capital de trabajo corporativo.

El documento, firmado por José Juan García Estrada, director general de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua 3 y comisario público propietario, señaló que la empresa mantiene pendientes de devolución aproximadamente 29.4 millones de pesos correspondientes a pagos en exceso realizados por 39 entes de la Administración Pública Federal (APF).

Ante estos antecedentes, el órgano de vigilancia consideró que no era viable autorizar la solicitud de financiamiento, debido a que la concentración de riesgos asociados con Broxel podría trasladarse a Bancomext y, eventualmente, al Gobierno Federal.

¿Por qué Buen Gobierno cuestionó el crédito de Broxel?

Uno de los principales señalamientos está relacionado con la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-19-2025, convocada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para contratar el suministro de vales electrónicos de despensa correspondientes a la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2025.

De acuerdo con el oficio, después de obtener la adjudicación, Servicios Broxel celebró contratos con más de 150 entes públicos bajo condiciones distintas a las que había presentado en su propuesta económica.

La dependencia sostuvo que estas modificaciones ocasionaron que la compañía recibiera recursos públicos que no le correspondían, por lo que se generaron pagos en exceso en perjuicio del erario.

El documento precisa que, pese a los requerimientos realizados por las instituciones involucradas, la empresa todavía tenía pendiente reintegrar aproximadamente 29.4 millones de pesos a 39 dependencias y entidades federales.

La omisión de devolver esos recursos, así como la celebración de contratos con condiciones diferentes a las ofertadas, motivó el inicio de procedimientos administrativos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Estos expedientes permanecen en trámite y podrían derivar en sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, incluida la imposibilidad de que la compañía participe en nuevas contrataciones gubernamentales.

Broxel depende de contratos públicos por miles de millones de pesos

Otro de los elementos que tomó en cuenta Buen Gobierno fue la dependencia de los ingresos de Servicios Broxel respecto de los contratos celebrados con instituciones gubernamentales.

Según el oficio, durante 2025 los contratos con la Administración Pública Federal representaron ingresos de entre 6 mil 928.7 y 9 mil 751 millones de pesos para la compañía.

A estos montos se suman los correspondientes al Gobierno de la Ciudad de México, que oscilaron entre mil 795 y 3 mil 591 millones de pesos.

La dependencia advirtió que una parte importante de los ingresos de Broxel proviene de recursos públicos y que, ante los procedimientos administrativos pendientes, no existe garantía de que pueda continuar recibiendo adjudicaciones gubernamentales.

Esta situación fue considerada un riesgo para su capacidad de pago y, por consiguiente, para la recuperación del financiamiento que pretendía obtener de Bancomext.

Además, una relación de operaciones proyectadas a la que tuvo acceso este medio identifica a Broxel como potencial beneficiaria de negocios con dependencias gubernamentales por 32 mil 296 millones de pesos. Más del 60 por ciento de ese monto corresponde a oportunidades identificadas con la Secretaría de Hacienda.

Buen Gobierno advierte posible conflicto de interés

El oficio también identifica un posible conflicto de interés relacionado con Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Servicios Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con el documento, ambos mantienen un parentesco por consanguinidad.

La dependencia señala que Miguel Sergio Siliceo Valdespino ocupa el cargo en Hacienda desde octubre de 2021 y que anteriormente se desempeñó como director general adjunto en la Dirección General de Emisiones y Relaciones Internacionales de Bancomext, entre febrero de 2019 y septiembre de 2021.

El oficio agrega que el funcionario cuenta con una licencia sin goce de sueldo, circunstancia a partir de la cual el órgano de vigilancia considera que podría mantener una relación laboral con la institución bancaria.

No obstante, el documento no acredita que el funcionario haya intervenido en la solicitud de financiamiento de Broxel ni establece que el posible conflicto de interés se haya materializado.

Broxel sostiene que las diferencias en contratos fueron técnicas

Los cuestionamientos a la compañía se suman a otros reclamos relacionados con la prestación de servicios para instituciones gubernamentales.

En 2025 se difundieron señalamientos del Gobierno de la Ciudad de México por más de 121 millones de pesos, relacionados con vales de despensa presuntamente no entregados en contratos de ejercicios anteriores.

Asimismo, Broxel recibió medidas regulatorias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2020 y 2022, las cuales, de acuerdo con la propia compañía, fueron atendidas y concluidas.

Antes de que Buen Gobierno emitiera su advertencia, Servicios Broxel envió una carta fechada el 5 de noviembre a Nacional Financiera y Bancomext, en la que expuso su postura sobre las diferencias relacionadas con la licitación de vales electrónicos.

En el documento, la empresa sostuvo que las observaciones obedecían a una «discrepancia interpretativa y técnica» sobre la aplicación de su bonificación económica.

También aseguró que había desahogado los señalamientos y que únicamente estaba pendiente el cierre formal de los procedimientos correspondientes.

Sin embargo, cinco días después, el oficio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que persistían los reintegros pendientes y los procedimientos administrativos sin concluir.

Buen Gobierno considera inviable autorizar el financiamiento

En la parte final del oficio, el órgano de vigilancia concluyó que no era viable autorizar el crédito solicitado por Servicios Broxel, al considerar que los antecedentes expuestos podrían representar afectaciones para Bancomext.

La dependencia argumentó que la recepción de recursos públicos que no correspondían a la empresa, la falta de reintegro de los pagos en exceso, los procedimientos administrativos en curso y los posibles vínculos entre su representante legal y un servidor público constituían factores de riesgo que debían considerarse antes de aprobar la operación.

El financiamiento contemplaba una línea de crédito estructurada y sindicada de hasta 4 mil 200 millones de pesos, en la que Bancomext podría participar inicialmente con hasta el 100 por ciento del monto autorizado.

La advertencia de Buen Gobierno fue planteada como una medida para salvaguardar los intereses de la institución de banca de desarrollo y evitar que los riesgos asociados con la compañía se trasladaran al Gobierno Federal.

Hasta los señalamientos contenidos en el oficio del 10 de noviembre de 2026, los procedimientos administrativos referidos permanecían en trámite, por lo que no existía una resolución definitiva sobre las posibles responsabilidades de Servicios Broxel.