Por qué el cuñado del Mencho pidió desestimar cargos en su contra

La defensa de Gerardo González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, solicitó al tribunal de distrito de los Estados Unidos del estado de Columbia desestimar las acusaciones pendientes en su contra o una revisión a puerta cerrada de los procedimientos.

De acuerdo con los documentos oficiales consultados por Infobae México, se alegó que las autoridades estadounidenses violaron los derechos constitucionales del acusado por narcotráfico, pues acusaron que lo detuvieron durante años y lo extraditaron a Uruguay “sin causa probable”.

La declaración de defensor de González Valencia también ahondó en que el gobierno de EEUU extraditó a su cliente por el cargos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina de 2003 a 2016.

Para apoyar esta versión utilizaron la declaración del agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Kyle Mori, quien fue acusado por el abogado de “no alegar ninguna evidencia relevante” sobre la presunta conspiración realizada durante un periodo de cinco años.

La única prueba de las autoridades, declaró, es un intercambio desde Blackberry Messenger en 2013, mismo que llamó “vago”, al grado que Mori no pudo afirmar en su declaración jurada que dentro de este chat se involucró cocaína, metanfetamina o incluso drogas ilegales.

“El agente Mori tampoco ofreció ninguna prueba requerida de que el Sr. González-Valencia fue de hecho un participante del intercambio de mensajes. Además, la extradición. La declaración jurada carece por completo de pruebas que vinculen la conversación con eventos anteriores, por lo que podría no admitirse un cargo de conspiración”, se lee en el documento oficial de la corte.

También indicó que el gobierno de EEUU falló al inculparlo bajo este cargo, pues, en primera instancia, no ofrecieron evidencia suficiente. Además, refirió que la representante del Departamento de Justicia juró ante una corte de Uruguay, país donde fue capturado Gerardo González Valencia, que está “particularmente en el área de la ley relacionada con violaciones de los estatutos federales de estupefacientes”.

Otro aspecto que denunciaron fue que la litigante afirmó haber “revisado la declaración jurada del agente especial de la DEA Kyle J. Mori y la evidencia en este caso”, por lo que declaró que la extradición demostraba la culpabilidad del cuñado del Mencho.

“Eso es extraordinario: el fracaso del Gobierno en su ofrecimiento de prueba es tan básico que su declaración jurada sólo pudo ser ofrecida de mala fe”, se lee en la moción.

El defensor profundizó con que la conducta del gobierno se volvió “más atroz” después de que González Valencia fue aprehendido en Uruguay, ya que un tribunal de aquella nación solicitó las pruebas sobre el caso, sobre todo la conversación de BlackBerry.

Durante este periodo, que duró alrededor de ocho meses, el acusado estuvo detenido únicamente por su orden de extradición, mientras que las autoridades de Estados Unidos ignoraron y rechazaron las múltiples solicitudes de la corte uruguaya sobre la evidencia adicional.

La defensa denunció que el perjuicio se consolidó cuando esta dependencia latinoamericana reconoció no haber valorado las pruebas presentadas, circunstancia que describió como “una violación manifiesta de su deber”, esto porque cedió a las presiones de EEUU y causó que no se revisara si el caso estaba infundado o no contra su representado legal.

“Convenientemente, y sólo después de que el Sr. González-Valencia fuera extraditado a los Estados Unidos, el Gobierno abandonó el enjuiciamiento del cargo por conspiración para distribuir metanfetamina. Se puede presumir que el Gobierno carecía de pruebas suficientes (...) por lo que retiró el cargo”, se informó.

Ante esta irregular situación, el defensor le exigió al tribunal de Columbia condenar la conducta del gobierno de EEUU por violar los derechos constitucionales de González Valencia. Asimismo, pidió la reparación adecuada para restablecer el “equilibrio de cortesía internacional”.

Para finalizar, exigió al tribunal revisar todo el expediente del caso antes de responder a esta solicitud de desestimación, realizar una audiencia probatoria para determinar el verdadero alcance de la conducta indebida del gobierno y desarrollar una revisión a puerta cerrada de las pruebas.

SEGUIR LEYENDO