
Este jueves 17 de febrero se llevó a cabo el Foro 21 del Parlamento Abierto que tiene por objetivo discutir ampliamente la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En esta ocasión, el foro se llamó “Impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la hacienda pública”, por lo cual se debatió el diseño y la relación de esta iniciativa con las finanzas de México.
A favor de la propuesta presidencial estuvieron Carlos Guevara, subdirector de Financiamiento y Coberturas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Eduardo Bermejo, gerente de Planeación de la Dirección de Inteligencia Energética de CFEnergía; y Fernando Renoir Baca, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes destacaron diversas particularidades favorables de lo promovido desde Palacio Nacional.
Guevara Vega señaló que con la reforma promovida en el paquete de Pacto por México, no se respetaron acuerdos que se tenían con la CFE, pues hay plantas renovables, hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas que antes de la reforma quedaron comprometidas, porque se iban a expedir bonos de carbono o Certificados de Energía Limpia (CEL) y “cuando viene la reforma energética prohíben tomar estos incentivos”, lo cual manifestó una marcada diferencia en favor de los productores privados.

Asimismo condenó que las instalaciones de productoras por parte de privados no tuvieran visión social ni respeten a las comunidades en donde intervinieron.
Por su cuenta, Bermejo López señaló que con las reformas energéticas de 1992 y 2013, durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, respectivamente, se pudieron establecer dinámicas oligárquicas en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), pues ayudaron a que se aliaran monopolios privados y grandes consumidores de electricidad lo que ha generado condiciones del mercado desiguales y mayor desigualdad social.

Durante su participación, Baca Rivera puntualizó que la reforma de AMLO propone poner “piso parejo” y reconocer la contribución de la energía hidroeléctrica que será modernizada para el intercambio de los CEL. Bajo esa óptica, recalcó que lo que se ofrece es fortalecer la confiabilidad del mercado eléctrico nacional y modernizar los mecanismos de despacho.
También se busca eliminar subsidios y malas prácticas que favorecen a competidores privados, así como eliminar la obligatoriedad de la CFE para comprar por medio de subastas de largo plazo. Al respecto, cabe destacar que la participación que tendrán los competidores privados será del 46%, lo que equivale a 2 billones, 898 mil millones de pesos.

Del otro lado de la mesa estuvieron Jorge Chávez, economista y asesor en temas de finanzas; Víctor Gómez, director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael Dondé; y Francisco Javier Alejo, economista y ex director del Fondo de Cultura Económica (FCE), quienes insistieron en la misma agenda de todos los detractores de la Reforma Eléctrica: CFE produce energía cara y sucia.
“La reforma que necesitamos es la que centra su atención en el bienestar de la población, no más contaminación que afecte su salud”, señaló Chávez Presa, quien advirtió un posible daño a la Hacienda nacional. Asimismo, Gómez Ayala destacó entre los riesgos de esta iniciativa “los costos de generación, determinación de precios, la inversión física y el pasivo laboral”.
Finalmente, Alejo López destacó el daño que ha sufrido la CFE en los últimos 30 años y que salir de esto le costaría mucho al Estado mexicano. Por ejemplo, señaló que perdonarle la deuda por miles de millones de pesos a Tabasco está bien, pero la compañía debe pedirle al ejecutivo federal la reposición del dinero, pues el producto no puede ser regalado.
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