Dictaron formal prisión contra exsecretario de seguridad de Aguascalientes

Porfirio Javier Sánchez Mendoza, ex secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, recibió el auto de formal prisión por el delito de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes otorgados a las instituciones, a casi una semana de que fuera detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El gobierno de la entidad hidrocálida reportó que respetaba la decisión del juez y seguirá pendiente del proceso judicial para tomar decisiones correspondientes entre las fuerzas del orden del estado.

“A la sociedad aguascalentense se le informa que se continuarán con todas las estrategias coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para asegurar la paz social y la tranquilidad de las familias, preservando la seguridad y los resultados que hasta el día de hoy ha demostrado la SSPE”, indicaron las autoridades.

Sánchez Mendoza fue detenido el pasado 2 de febrero y desde entonces trascendieron sus vínculos con el exmando de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, quien también enfrenta cargos similares. Agentes de la FGR cumplieron la orden de arresto junto con miembros del Ejército afuera de las instalaciones de la Zona Militar de Aguascalientes.

Este caso del exfuncionario es procesado por Marcos Vargas Solano, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Tras la audiencia, fue evaluado que se aportaron datos de prueba suficientes para determinar la medida cautelar.

Previamente, Porfirio Javier Sánchez Mendoza compareció ante el juez y se negó a declarar en el Reclusorio Norte de la capital del país. En su cita ante la autoridad conoció los cargos en su contra y luego de un par de horas salió del recinto jurídico alrededor de las 13:30 horas. Su caso se realiza por el sistema tradicional, debido a que la investigación que se le sigue fue iniciada hace seis años.

La audiencia inicial fue a puerta cerrada, pues las autoridades argumentaron que se tomó la medida como parte de las acciones de precaución sanitarias ante el aumento de contagios de COVID-19. Al igual que entonces, este 8 de febrero el juez consideró previsiones por la pandemia.

La investigaciones iniciaron desde 2016, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificara sobre denuncias de una persona que acusó torturas tras ser detenida por elementos de la Policía Federal sin aparentes razonas al salir de un gimnasio en la capital del país.

Sánchez Mendoza ocupó diversos puestos al interior de la Policía Federal cuando Cárdenas Palomino fungía como su titular, lo cual ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, misma época en la cual Genaro García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal; actualmente enfrenta cargos criminales en una corte de Nueva York por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Tras la detención Sánchez Mendoza, el gobernador Martín Orozco nombró a Jonás Chávez Marín, director General de Seguridad Pública, como encargado de la dependencia, cargo que ocupará hasta nuevo aviso.

Un día después del arresto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades que llevan el caso dejar los intereses políticos a un lado, pero también reafirmó su determinación de no proteger a nadie.

“Lo que considero es que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada; siento que corresponde a la fiscalía hacer las investigaciones, con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie, y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie”, dijo el mandatario.

Además, López Obrador reconoció la postura del gobernador Martín Orozco Sandoval ante el aseguramiento del funcionario, pues no se opuso a las indagatorias ni reclamó alguna persecución desde el Ejecutivo federal.

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