Reforma eléctrica: CCE advirtió que la CFE utiliza “cifras sin sustento” para avalar la iniciativa presidencial

En el marco del Parlamento Abierto que se realiza en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa de  Reforma Eléctrica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín aseguró a los diputados que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los engaña con cifras sin sustento económico para que avalen la reforma.

Durante su participación en el foro titulado “Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las reformas eléctricas y su sostenibilidad”, Salazar Lomelín se pronunció en contra de la reforma, por lo que pidió a los legisladores reflexionar acerca de la propuesta, ya que pretende regresar al modelo eléctrico de los años 60.

“La economía mexicana estaba cerrada al mundo. Nuestro país ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hoy es una economía grande y moderna, abierta al comercio y a la inversión de todo el mundo y aspira a ser uno de los grandes países del orbe. Nuestra población se ha triplicado, la economía ha crecido del tamaño que teníamos en los años 60, el consumo eléctrico ha crecido 30 veces más”, enfatizó el líder de la cúpula empresarial.

Salazar Lomelín aseguró que la discusión debería centrarse en si las tarifas son adecuadas o si se requiere cobrar más por la transmisión de electricidad, por lo que llamó a confrontar posturas económicas y comerciales y no cómo financiar a la CFE.

Resaltó que el modelo privado en México ha contribuido al dinamismo económico, así como a mantener finanzas públicas sanas, la sustentabilidad ambiental y la integración global, por lo que ha logrado avances “incuestionables”, entre ellos, que las empresas puedan acceder a un suministro más competitivo, al fortalecimiento financiero de la propia CFE y al avance acelerado en la transición a fuentes limpias.

El empresario aseguró que la Comisión Federal de Electricidad no desaparecerá ni su existencia está en riesgo como lo argumenta el gobierno federal, lo cual es demostrable a través de sus estados financieros.

Es por eso que Salazar Lomelín resaltó que el debate se ha centrado en el tema de la generación eléctrica; toda vez que, aseguró, “tanto la transmisión como la distribución son monopolios del Estado”.

“Qué más control necesita el Estado cuando, independientemente de quién genera y cómo se genera la electricidad, se tiene todo el control de los costos y de la manera de llevarlo a los consumidores; ahí está la soberanía, señores diputados”, enfatizó.

El presidente del CCE pidió que se permita a la iniciativa privada invertir en esas áreas, toda vez que ayudará a reducir los costos de generación, permitiendo acceder a fuentes de energía renovables y de bajo costo; “al tener una red más robusta, el suministro eléctrico para los mexicanos es más seguro y de mayor calidad”, aseveró.

Pero la respuesta llegó por parte de Miguel Reyes Hernández, director general de CFE Energía y CFE Internacional, quien participaba en el mismo foro, por lo que retó a Salazar Lomelí a comprobar que las cifras de la Comisión Federal de Electricidad son erróneas o -de lo contrario- renunciar a su cargo.

Reyes Hernández presentó gráficas con las que argumentó “el saqueo” de la iniciativa privada al sector eléctrico nacional y precisó que los empresarios han tenido subsidios por 490 mil millones de pesos, por lo que Carlos Salazar Lomelín lo confrontó al decir que muchas de las cifras presentadas, no tienen sustento..

“Reto al señor Carlos Salazar a que, si los datos que hemos presentado aquí no son correctos, presento mi renuncia. Esperaría que él presente la suya al Consejo Coordinador Empresarial si sus cifras no son reales, si son mentiras ¡qué renuncie! y yo haría lo mismo”, soltó Miguel Reyes.

En el foro, que se volvió ríspido debido al enfrentamiento verbal entre Salazar Lomelín y Reyes Hernández, el director general de CFE Energía y CFE Internacional, advirtió que si se propuso la reforma constitucional “fue porque no hay posibilidad de diálogo con ellos (los empresarios). Todo es ampararse. Con el señor Carlos Salazar Lomelí tuvimos una mesa de diálogo con los gasoductos y pudimos arreglarlo, y hemos respetado los acuerdos. O sea que sí se puede hacer, ¿qué pasó con los señores de la industria eléctrica? Nunca se han querido sentar, ni han querido negociar nada”, señaló.

En respuesta, el presidente del CCE recordó a los diputados que las reuniones que se realizan en el parlamento abierto es para buscar el interés del país y cómo hacer que la inversión que requiere un sector tan importante pueda ser financiada.

“Toda la discusión que oigo aquí es que las tarifas no son adecuadas y tenemos un problema comercial, de definición de precios, llevarlo a un cambio constitucional. No merecemos los mexicanos otro cambio constitucional cuando podemos sentarnos en la mesa en discusiones que no son sencillas, estando al inicio con opiniones distintas y llegamos a un acuerdo, un acuerdo que benefició al país y trajo el gas que requerimos y permite incrementar la capacidad de exportación, eso es pensar en México”, enfatizó Carlos Salazar.

Reiteró que el sector privado está comprometido con México y con asegurar que las y los mexicanos tengan suficiente energía barata y limpia.

“Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos, y que el país necesita. Si hay más oferta de energía, bajará el precio, es un principio económico básico”, e insistió en que invertir en transmisión y en distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas y disminuir los subsidios que el Estado otorga al suministro básico.

Finalmente, desmintió que las empresas hayan operado ilegalmente, como han afirmado algunos actores en medio del debate, por lo que -sostuvo- se debe castigar a quien haya violado la ley.

“No se requiere una reforma constitucional para aplicar la ley. Un sistema eléctrico eficiente, que combine bien la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada, requiere de una regulación firme, pero justa e independiente, que impida abusos y resarza pérdidas injustificadas a los participantes”, sentenció.

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