
La fotografía de Cuauhtémoc Blanco al lado de tres jefes criminales, uno de los cuáles era Raymundo Castro Salgado, el Ray, así como las imágenes sacadas a la luz hace unos días por el periodista Humberto Padgett y las narcomantas dirigidas al gobernador, son solo una parte del entramado de corrupción que involucra tanto a líderes políticos como a criminales en el estado de Morelos.
En las imágenes aparece El Ray, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el oriente de Morelos, caminando entre patrullas de la policía estatal y una furgoneta de los Servicios Periciales de la entidad, instantes después de sicarios que iban por él fallaran y en su lugar asesinaran a seis personas, entre ellas tres menores de edad.
La versión oficial señaló que El Ray había logrado escapar con ayuda de su cuerpo de seguridad, pero esa serie de fotografías confirmaron que en realidad había abandonado la marisquería caminando frente a una multitud de policías estatales, sin que ninguno de ellos hiciera algo al respecto.
Unas semanas después el Ray fue detenido por fuerzas federales y remitido al penal de Atlacholoaya. Cinco meses más tarde fue asesinado en una supuesta riña en el área destinada a los internos de alta peligrosidad en el Centro de Reinserción Social Morelos, durante un violento motín que dejó seis muertos y varios heridos.

En la tercera narcomanta donde se mencionó al gobernador de Morelos, colgada el pasado miércoles 12 de enero, un día después del asesinato del alcalde suplente en Xoxocotla, supuestos integrantes del crimen organizado se atribuyeron el atentado y advirtieron a Cuauhtémoc Blanco sobre las misteriosas circunstancias en las que fue asesinado el Ray.
“INVESTIGUEN LA MUERTE DEL RAY, A QUIEN LE INTERESABA QUE SE MURIERA EN EL PENAL??? SALUDOS MI CUAUHTEMOC (sic)”, se destacó en el letrero.
Fuentes del sistema penitenciario consultadas por el periodista Héctor de Mauleón revelaron que El Ray fue recibido con alfombra roja en Atlacholoaya. Elementos de seguridad y custodia recibieron la instrucción de cuidarlo y atenderlo. Se le entregó la concesión de la venta de drogas y de licor y se le alojó en una zona de privilegio conocida como “El Paraíso” o “El barrio Chino”.
El 29 de octubre de 2019 se reportó un enfrentamiento entre internos en el área del gimnasio. Eran cerca de las once de la mañana. En un primer momento, el gobierno de Morelos negó que se hubiera dado un motín, ni “suceso alguno que ponga en riesgo la estabilidad” del centro. Más tarde se supo que hubo una segunda riña hacia la una de la tarde y que en esta varios internos “se picaron”. Hubo un muerto y dos heridos.
En su recomendación sobre estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos informó que las autoridades habían mentido a los visitadores sobre lo que verdaderamente estaba ocurriendo en Atlacholoaya.
Al día siguiente, a las 8:30, la violencia volvió a estallar. Cuatro custodios fueron sometidos. Diversos reos se encerraron en sus celdas. Se sabía que algo grave iba a ocurrir, al punto que al cambio de guardia el personal de seguridad estaba desesperado por irse y el personal entrante no quería tomar posesión del turno.
El centro permaneció en poder de los reclusos durante casi cuatro horas. A lo largo de ese tiempo las autoridades penitenciarias mostraron “conductas tendientes a impedir o retrasar” las actuaciones del personal de Derechos Humanos.
Al final se encontró una escena fuertemente violenta. Entre el reguero de cadáveres había una cabeza cercenada a la altura de la tercera vértebra cervical; un cuerpo al que le habían producido un total de 23 heridas “con instrumento punzocortante y por contusión”, y un cadáver al que rociaron de gasolina y le prendieron fuego, provocándole quemaduras “de manera generalizada, con predominio facial, temporal y occipital derechos”.
Era el del Ray. Para llegar hasta él, sus verdugos habían tenido que pasar tres filtros. Alguien posiblemente les facilitó el acceso. A raíz de ellos custodios y personal administrativo exigieron las renuncias de Raúl Colín Martínez, director operativo de Atlacholoaya, al que se acusó de brindar protección “a reos que secuestran y extorsionan desde la cárcel”.
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