Fue durante el último día de sesiones del Congreso en el Senado que la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Mícher Camarena planteó una iniciativa en la que a los centros de justicia para las mujeres, previstos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pasaría, se les quitaría el presupuesto.

La morenista pretendía eliminar a través de una “fe de erratas” la obligación de la Federación de destinar recursos presupuestales anuales, por lo que quedarían en manos de los estados, lo cual representaría una fuerte contraposición a la ley de egresos, la cual fue aprobada por unanimidad el pasado 11 de septiembre e incluye el presupuesto para dichos centros, que fueron considerados por la Secretaría de Hacienda.

Su argumento fue que la aprobación implica un impacto presupuestal diferencial a la Federación y deja sin responsabilidad a las entidades federativas. “Es adecuado solicitar la corrección en los términos originales del dictamen. Los estados tienen la voluntad política de enfrentarlo y atenderlo”, señaló Mícher Camarena.

Pero la propuesta dio pie a un debate, en el que hubo más argumentos en contra que apoyo hacia la morenista, por su parte, el senador Damián Zepeda Vidales del Partido Acción Nacional (PAN) argumentó: “Es ilegal, no está bien, se quieren eliminar dos párrafos de una ley. Se quiere burlar la ley y se quiere pasar por la puerta de atrás como si fuera un error. Es una trampa legal.”

Fue Lilly Téllez quien a través de Twitter externó su sentir, llamándola “fe de ratas” y aseguró que Mícher Camarena no defiende a las mujeres, sólo sus ambiciones políticas.

En este contexto, Verónica Martínez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló: “hoy no tuvimos reunión previa de la Mesa Directiva, por lo cual este asunto no se trató; nos metieron el gol mandándolo directo; lo que proponen es un acto ilegal.”

Fue la también priista, Claudia Anaya quien afirmó que con dicha intención, quedaba al descubierto que el gobierno “no quiere invertir en las mujeres ni en su protección.”

Fue entonces que el coordinador de Morena en el senado, Ricardo Monreal, tomó la palabra en la tribuna para corregir a su compañera de partido al asegurar que ese cambio no implicaba una “fe de erratas”, pues la iniciativa provenía de la Cámara de Diputados.

“Yo, senadora Presidenta, a nombre de la mayoría, en razón de la explicación y pidiéndole una disculpa sentida a Malú, porque ella intentó hacer de buena fe que esta ley prospere, pero jurídicamente tienen razón” finalmente, el senador le pidió a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado que retirara la propuesta.

“Me dejaron sola”: víctima de abuso sexual pidió apoyo a la ONU en denuncia contra Jorge Romero

Regina Irastorza, joven que acusó de violación al diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Alberto Romero Vázquez, informó que solicitó a organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que intervengan en su caso para que se haga justicia.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República y acompañada de las legisladoras del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martha Lucía Mícher Camarena y Antares Vázquez Alatorre, Regina Irastorza declaró que sus derechos constitucionales y como víctima fueron violentados por las instituciones del Estado.

La joven detalló que junto a sus abogadas, han solicitado apoyo internacional a través de un despacho jurídico llamado Justicia y Reparación, con sedes en Chile, Perú y Argentina, para pedir la intervención de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de las Naciones Unidades (ONU).

“Tengo el antecedente de que han solicitado en otras ocasiones la intervención en asuntos de cuestiones de vulnerabilidad de derechos de género”, agregó.

Asimismo, señaló que han pedido que intervenga la Convención Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con la vulneración a sus derechos humanos como víctima, entre otros, por la falta de perspectiva de género en la Fiscalía para indagar y obstaculizar su proceso en un juicio oral.

SEGUIR LEYENDO: