Por qué la desaparición forzada sigue siendo un tema pendiente en el gobierno de AMLO

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó una visita de dos semanas a México, del 14 al 26 de noviembre, entre las conclusiones a las que llegaron, destacó que las desapariciones forzadas aún persisten y que no se trata de un tema exclusivamente del pasado.

Los integrantes del Comité de Naciones Unidas, encabezados por Carmen Rosa Villa Quintana, advirtieron que esta problemática es una situación generalizada en el país, con participación de la delincuencia organizada asistida por fuerzas de seguridad del Estado, de los tres órdenes de gobierno.

En 2015 y 2018 el Comité emitió una serie de recomendaciones, pero a pesar de esto, el gobierno de México no ha atendido las causas profundas de las desapariciones.

Entre las recomendaciones no cumplidas, explicó, están superar los altos niveles de impunidad, dar más facultades a las comisiones de búsqueda, atender las causas profundas que generan las desapariciones y considerar que el enfoque de seguridad del Estado es insuficiente e inadecuado.

En un avance de las primeras impresiones, Villa Quintana aseguró que de acuerdo con cifras oficiales, al día de hoy el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, indica una cifra de 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar fueron privadas de su libertad durante su visita a México.

En su visita, recorrieron 13 estados y visitaron cárceles, centros de internación de migrantes, exhumaciones y jornadas de búsqueda, cuatro de los miembros del Comité de las Naciones Unidas señalaron que ha habido un incremento considerable del número de desapariciones de niñas, niños, adolescentes y mujeres, puntualizaron que este hecho se agudizó durante la pandemia por COVID-19.

Asimismo, hablaron de los migrantes, quienes suelen ser un grupo vulnerable frente a las desapariciones, como lo sucedido en las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo.

Y la preocupación no es únicamente en las personas desaparecidas, sino también en quiénes las buscan, pues los involucrados también llegan a ser asesinados o desaparecidos.

El informe final y las conclusiones de la visita a México del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, será discutido ante el Pleno en Ginebra, entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022, con el fin de generar recomendaciones vinculantes que el gobierno mexicano deberá adoptar e implementar inmediatamente.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en la Secretaría de Gobernación (Segob) admitió que México está atravesando una “crisis humanitaria” en cuestión de desapariciones forzadas.

De igual forma, el funcionario sostuvo que desde 2018 se han emprendido acciones para que el Estado asuma la responsabilidad y a su vez, garantice el derecho de las personas “a ser buscadas”.

En 2017 se aprobó la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, era un esquema inoperante. “Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias”, agregó.

Encinas Rodríguez subrayó que es histórica la visita del CED, ya que es la primera que realiza desde su conformación en 2010 a otro Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.

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