Quién tiene la culpa de la violencia en México, según Joaquín “El Chapo” Guzmán

Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido en el mundo entero como “El Chapo Guzmán”, presentó ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York una carta manuscrita fechada el 28 de abril de 2026, en la que responsabilizó al gobierno mexicano de todos los crímenes violentos por los que fue juzgado y condenado en territorio estadounidense.

El documento, recibido en la Oficina Pro Se el 6 de mayo de 2026 a las 3:01 PM y sellado el 5 de mayo por la administración del Penal Federal de Florence, Colorado, donde cumple actualmente su condena, constituyó una apelación en la que el capo solicitó un nuevo juicio y su extradición de regreso a México.

El Chapo señala al gobierno mexicano como único responsable de la violencia

En su carta dirigida al Distrito Este de Nueva York, Guzmán afirmó que el gobierno mexicano fue el responsable de todos los crímenes violentos vinculados a su caso, y sostuvo que él no causó daño a ninguna persona.

En ese marco, cuestionó la actuación del fiscal de distrito Ray Donovan y de Richard Donoghue, a quienes señaló por atribuir culpas relacionadas con una empresa que, según argumentó, ya estaba establecida con anterioridad y no guardaba ninguna relación con los crímenes cometidos por él en América, refiriéndose a Estados Unidos. En el documento no especifica a qué empresa se refiere el narcotraficante.

Guzmán insistió en que su condena careció de sustento probatorio sólido, al señalar que los cargos en su contra se apoyaron en el testimonio de un único testigo, cuya identidad dijo desconocer, y que el gobierno federal permitió que esa persona declarara en su contra pese a la falta de evidencia contundente.

De Salinas a Peña Nieto: los seis presidentes que presenciaron el poder de “El Chapo”

Durante los años en que Joaquín “El Chapo” Guzmán operó al frente del Cártel de Sinaloa, México fue gobernado por una sucesión de presidentes que enfrentaron, con distintos enfoques, el poder creciente del narcotráfico.

El cártel surgió a finales de la década de los ochenta, tras la fragmentación del Cártel de Guadalajara después del arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), periodo en el que Guzmán también fue capturado por primera vez, en 1993.

Le siguió Ernesto Zedillo(1994–2000), mandato en el que “El Chapo” permaneció recluido en el penal de Puente Grande. Bajo el gobierno de Vicente Fox (2000–2006), el narcotraficante originario de Badiraguato escapó del penal.

Fue con Felipe Calderón (2006–2012) que el gobierno mexicano declaró una guerra frontal contra los cárteles, desplegando decenas de miles de soldados federales en una campaña militarizada que convirtió a Guzmán en el narcotraficante más buscado del país. Sin embargo, el actuar de esa guerra presuntamente estuvo sesgada por Genaro García Luna, secretario de seguridad del país, quien habría pactado con el Cártel de Sinaloa para beneficiarlo.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012–2018), el capo fue recapturado en febrero de 2014 en Mazatlán, escapó nuevamente en 2015 a través de un túnel de más de un kilómetro excavado bajo el penal del Altiplano, y fue capturado por segunda vez en enero de 2016, para ser extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017, ya en el ocaso de ese mismo sexenio.

Su imagen en México y el pedido de un nuevo juicio

El líder del Cártel de Sinaloa también dedicó parte de su carta a trazar una distinción entre su reputación en México y los cargos que enfrentó en los Estados Unidos.

Sostuvo que en su país era reconocido no por acciones negativas, sino por lo que describió como buenas obras.

Ante el Tribunal del Distrito Este, planteó que fue culpado de hechos que no cometió, atribuyendo esa situación exclusivamente a su identidad pública.

En consecuencia, solicitó formalmente a los tribunales que, en el marco de su apelación, se le concediera un nuevo juicio y se activara una cláusula de extradición que permitiera su regreso a México, con el argumento de que ambos países debían aplicar la legislación pertinente ante lo que calificó como una violación de sus derechos como extranjero, conforme a la política de los Estados Unidos.

La carta cerró con un agradecimiento a los tribunales por aceptar el escrito y con la petición de un nuevo veredicto basado en pruebas que, a su juicio, no resultaron concluyentes durante el proceso original.

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