A través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de hasta 55 años de prisión en contra de los hermanos Irving y Rogelio Flores Martínez.
Fueron encontrados culpables el delito de secuestro agravado. El crimen había sido perpetrado en Atlautla, Estado de México, en el año 2018.
La dependencia informó que derivado del trabajo de investigación de gabinete y en campo, coordinado por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), fue posible ubicar el vehículo utilizado y la casa de seguridad a donde fue trasladada la víctima.
Así las autoridades pudieron identificar a Irving “M” y Rogelio “F” como los responsables del secuestro.
“Por lo anterior, se obtuvo orden de aprehensión en su contra, mandato que fue cumplimentado el 5 de diciembre de 2018, siendo internados en el Centro de Reclusión Estatal en Chalco, Estado de México y vinculados a proceso al día siguiente”, reveló la FGR.
Posteriormente, el Tribunal de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal en Nezahualcóyotl, Estado de México, dictó la sentencia condenatoria en su contra por el delito de secuestro agravado.
Para Rogelio, 55 años de prisión y una multa de 725,400 pesos, mientras que para Irving 50 años y una multa de 322,400 pesos.
Por otro lado, Oswaldo Durán Ángeles, quien se desempeñaba como agente del Fiscalía General de la República, solamente fue condenado a dos años de prisión por encubrir a secuestradores.
El elemento del Ministerio Público Federal obtuvo una sentencia en procedimiento abreviado por cargos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
En específico, se le acusó de alterar, modificar o destruir ilegalmente el lugar, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo.
Según la FGR, el ex servidor público aseguró un inmueble para que intervinieran personas ajenas a las investigaciones que ocultaron o destruyeron indicios de una indagatoria relacionada con el ilícito de secuestro.
Los hechos ocurrieron hace más de un año, el 4 de septiembre de 2020, cuando Duran Ángeles abusó de su poder y aprovechó la información a su alcance como agente del Ministerio Público Federal para simular actos jurídicos e incautar el domicilio del caso.
Con esos datos de prueba, el pasado 4 de junio fue detenido por la Policía Federal Ministerial y vinculado a proceso cuatro días más tarde.
Ahora deberá pasar solamente dos años y ocho meses en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, sin que opere en su favor ningún beneficio penitenciario.
De ahí que saldrá de la cárcel en febrero de 2024, aunque no se sabe de qué magnitud fueron los daños causados para entorpecer de manera definitiva las investigaciones, por ejemplo, al punto de que no haya responsables en el caso de secuestro.
En octubre de 2021, las autoridades mexicanas abrieron 76 carpetas de investigación por secuestro, una caída de 15.5% frente a las 90 de septiembre, informó la semana pasada la asociación civil Alto al Secuestro.
“(Hubo una) disminución de 43.2% en el número de víctimas que sufrieron este delito, ya que durante octubre hubo 92 víctimas, mientras que en septiembre fueron 162″, detalló la organización en su informe mensual.
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