El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acusados de delitos como peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.
Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño señaló que es partidario de que “se aplique la ley por parejo” y que no por ser un académico o investigador distinguido se exima de las responsabilidades legales de sus actos.
“Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie, que se aplique la ley por parejo, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. No porque yo soy científico tengo derecho a robar, no, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea”, manifestó el mandatario.
Aunado a esto, rechazó las persecuciones con fines políticos, pues la ley no debe usarse para elaborar venganzas o para fabricar delitos.
“Que haya justicia, lo que se tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales, como era antes, hace poquito, lo que pasa es que hay amnesia en algunos medios de información, se les olvida”, agregó López Obrador.
De igual forma, aseguró que “se acabó la robadera” y aunque las empresas y el poder económico financie a intelectuales “orgánicos”, partidos conservadores y a medios de información, su gobierno no será cómplice o “tapadera de nadie”.
En tanto, apuntó que había quienes se beneficiaban con dinero público que provenía del Conacyt. “Dinero de todos los mexicanos, empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones y se derrochaba el dinero y se utilizaba para propósitos que no tienen nada que ver con la innovación tecnológica ni con la ciencia, sino que eran grupos que tenían privilegios, como castas divinas en lo intelectual, en el periodismo”, expuso López Obrador.
La investigación de la Fiscalía deriva de una denuncia presentada por María Elena Álvarez-Buylla, directora de Conacyt, ante la la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de los integrantes del Foro Consultivo quienes recibieron ilegalmente 50 millones de pesos del Conacyt durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Fue entonces que la FGR acusó a los investigadores de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Además, pidió que fueran ingresados en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Pero el pasado mes de agosto, un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, rechazó conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias. Entonces, la FGR hizo una segunda petición al asegurar que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos.
El miércoles 23 de septiembre, un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de los investigadores acusados, por lo que la FGR se inconformó y aseguró que volverá a insistir.
En su resolución, el juez señaló que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt para después incorporarse a ella (Foro Consultivo), no es un hecho delictivo, ya que el estatuto del Conacyt lo autoriza.
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