Durante la madrugada de este viernes 3 de septiembre, trascendió que la Cámara de Senadores aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, una nueva ley que incentiva el ejercicio de democracia con participación directa y vinculante que definirá, a través de 61 artículos si el presidente continúa en el cargo para el cual fue electo.
Desde el pasado 2 de agosto, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), había promovido una ley reglamentaria para que se definiera la pregunta a la que se sometería Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en marzo del 2022; sin embargo, la carga de trabajo en el legislativo federal, dejó pausado ese procedimiento.
De tal modo que al inicio de la LXV Legislatura, el miércoles 1 de septiembre, se planteó continuar con el proceso de la revocación de mandato. Cabe destacar que los quehaceres legislativos establecidos por las y los senadores de México tuvieron efectos sustanciales en el dictamen que pasó a la Cámara de Diputados.
Por ejemplo, la pregunta inicial que propuso Monreal Ávila fue modificada, esto por que la llamada oposición parlamentaria aseguró que la propuesta tiene intenciones de personalizar la ley para AMLO y la idea de legislar la revocación de mandato es que quede para la posteridad.
De tal modo que se discutió ampliamente los pormenores del dictamen y se optó por dejar la pregunta sin especificar el nombre del tabasqueño, pero sí el puesto. Esto con la finalidad de repetir este ejercicio en las siguientes administraciones.
De acuerdo con el propio Monreal, la reglamentación de la revocación de mandato es esencial para que se aplique con apego a derecho, esto porque define un marco jurídico claro y preciso en el que se detalla que únicamente se someterá a este proceso a quien ostente la titularidad de jefe del ejecutivo federal.
Asimismo, establece la interpretación, disposición supletoria y el catálogo de definiciones aplicables para el proceso. Aunado a esto, define las facultades y los roles que tendrá el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por su cuenta, el INE solicitó del erario federal la suma de 5,743.57 millones de pesos “como un monto precautorio para el caso de que se lleve a cabo la Consulta Popular y la Revocación de Mandato”. El Consejo General del órgano dirigido por Lorenzo Córdova dejó claro esto, el 25 de agosto, al aprobar la Cartera Institucional de Proyectos del Anteproyecto de Presupuesto 2022.
“Si queremos una Revocación de Mandato con todas las medidas de garantía que están establecidas en la Constitución y que sustentan el trabajo del INE, pues tiene que haber un acompañamiento del Poder Legislativo siempre y cuando las y los ciudadanos activen este nuevo mecanismo de participación establecido en el artículo 35 constitucional”, expresó Córdova Vianello durante una sesión extraordinaria.
Se especificó que 3,830.45 millones de pesos serán dedicados a la Revocación de Mandato, proceso consultivo de participación directa al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo del 2020. Asimismo, para la Consulta Popular se solicitaron 1,913.13 millones de pesos.
Finalmente, el órgano electoral dijo que en caso de que dichos recursos no sean utilizados en su totalidad, éstos se regresarán a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para integrarse al presupuesto de la administración pública.
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