Esta tarde, la magistrada Janine Otálora Malassis convocó a la reanudación de la sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para que esta pueda seguir sin el magistrado presidente José Luis Vargas, ella asumirá las “facultades de magistrada presidenta por ministerio de ley”.
A través de un escrito firmado por los magistrados Otálora Malassis, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón e Indalfer Infante Gonzales, se pidió reanudar sesión en un lapso de 15 minutos. No obstante la solicitud fue ignorada.
Fue por esta razón que Otálora Malassis en su carácter de presidenta del órgano jurisdiccional, por ministerio de ley, y en términos del Artículo 12, párrafo 3, y del 15, fracciones VII y IX del Reglamento Interno, convocó a los integrantes del pleno a reanudar la sesión pública, por lo que se espera que inicie pronto.
“Les comparto la convocatoria por la que, en mi calidad de Presidenta por ministerio de ley, se reanuda la sesión pública virtual del @TEPJF_informa”, compartió a través de Twitter.
El escrito de convocatoria también señaló que se removió a Vargas Valdez de la presidencia del TEPJF “debido a que ha incumplido con las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias a su cargo”.
La búsqueda de una destitución
Este miércoles durante la sesión virtual, cinco de los siete magistrados que conforman la Sala Superior pidieron evaluar la gestión de Vargas Valdez al frente del TEPJF.
Fue el magistrado Felipe de la Mata quien presentó el punto de acuerdo, pues argumentó que los integrantes de Sala Superior tienen facultades constitucionales para “asegurar el correcto funcionamiento” del organismo.
“Creo que someter a debate público ese tema precisamente abona a los intereses de la ciudadanía. La igualdad de condiciones se da al conocer el punto que se somete a consideración, aquí no hay acuerdo previo, estoy de acuerdo en que se evalúe en esta sesión”, expresó.
Esta petición fue apoyada por los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes e Indalfer Infante.
La magistrada Mónica Soto, la única que no pertenece a este grupo mayoritario, salió en defensa del magistrado presidente y alegó que se violentan sus derechos por no haberle informado sobre esta intención.
Asimismo, llamó a sus pares a anteponer como prioridad la función jurisdiccional, por lo que pidió a De la Mata retirar su propuesta o al menos circularla, para “saber qué es lo que vamos a votar”.
“No están en posibilidades de obligarme a votar un asunto que no conozco y que no tiene qué ver con nuestra responsabilidad constitucional. Les pido respeto a mi posición de integrante de este pleno, pido que se me trate con igualdad de condiciones y no se discrimine mi derecho a saber”, agregó.
Por su parte, José Luis Vargas pidió a los magistrados que están en su contra estar a la “altura de su investidura” y los acusó de intentar promover un “golpe de estado” a su gestión.
Por ello, se negó a incluir el punto de acuerdo, bajo el argumento de que se trata de un tema administrativo y no judicial. De igual forma, indicó que la única facultad para que la presidencia deje de ejercer sus funciones es exclusivamente por renuncia, lo cual descartó.
“No está en mi intención renunciar, si ustedes desean evaluarme y desean presentar su evaluación por escrito la recibiré y leeré con mucho detenimiento para mejorar las funciones de este tribunal”, afirmó.
Antes este panorama, decretó el receso en la sesión pública de este miércoles y tampoco decretó una hora para regresar a la misma.
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