La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un recurso de inconformidad contra José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) e informó sobre nueva denuncia - presentada el pasado 22 de junio - contra dos personas físicas y cuatro morales por el delito de enriquecimiento ilícito a través de un supuesto de lavado de dinero.
De acuerdo el reporte de la Unidad, José Luis habría operado instrumentos financieros y corporativos en las que se encontraron diversos depósitos a las cuentas bancarias de un familiar que no guarda relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.
Asimismo, se identificaron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales injustificadas, quienes habrían ejercido como captadoras de recursos de empresas fantasma, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.
Cabe recordar que la Unidad ya había presentado una denuncia contra el presidente del máximo órgano electoral el pasado 28 de noviembre del 2020 por movimientos irregulares en el sistema financiero que no coincidían con sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria.
Sin embargo, en aquella ocasión, el magistrado acusó que estos reportes buscaban desprestigiar a su persona y desestabilizar al Tribunal Electoral que preside.
Por esa razón, José Luis hizo válido su derecho de réplica y, mediante sus redes sociales, compartió dos anexos de nombre “Nota 1 y “Nota 2″ en donde detalló sus ingresos defendiéndolos como lícitos.
Esta denuncia se añade a la acusación que se levantó en su contra desde 2019 cuando un medio de circulación nacional señaló que en abril de 2013, cuando ejercía como abogado de asuntos electorales, José Luis declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos; para 2017, ya como Magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7 millones 270 mil 317.
Es decir, en tan sólo su primer año como Magistrado, Vargas había incrementado sus ingresos en un 54%.
Aunado a ello, el 2 de diciembre del 2020, la UIF encontró que el magistrado presidente tenía residencias en Miami (Estados Unidos), Valle de Bravo (Estado de México), Lomas de Chapultepec y Polanco (Ciudad de Méxic), inmuebles cuyos costos no correspondían con sus ingresos anuales, los cuales ascienden a 2 millones 400 mil pesos.
La investigación realizada detalla que el costo de la unidad Valle de Bravo asciende a los siete millones 100 mil pesos; el de Lomas de Chapultepec a seis millones 800 mil pesos; el departamento en Miami se valuaba entre los seis y los 10 millones de pesos, mientras que el de Polanco tenía un costo de tres millones 511 mil 900 pesos.
Por otra parte, el diario Milenio destacó que la Unidad también había detectado depósitos en efectivo hasta por 500 mil pesos, de los que no existe justificación alguna pues Vargas está impedido constitucionalmente a tener ingresos adicionales a los de su labor como magistrado.
A pesar de que la UIF tiene la facultad para congelar cuentas de manera inmediata junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin autorización o solicitud de la FGR; desde el 2019 que se concluyó la indagatoria, el caso de Vargas ha quedado en las manos de la Fiscalía.
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