Este viernes 30 de julio, un juez de control ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación contra José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por presunto enriquecimiento ilícito.
Marco Antonio Fuerte Tapia, el juez de control asignado al caso, fue el responsable de determinar que la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero debe de volver a abrir las pesquisas realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, contra el magistrado del Tribunal Electoral.
“Tras la audiencia celebrada este día, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra la investigación que llevó a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, explicó Vargas Valdez en un comunicado.
De acuerdo con la unidad técnica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), desde febrero del 2020 se detectaron anomalías en el patrimonio del magistrado, por lo que procedió a realizar la denuncia correspondiente ante la fiscalía de la república por presunto enriquecimiento ilícito.
Se encontró una diferencia superior a los 36 millones de pesos entre los ingresos percibidos por su desempeño como funcionario público y los movimientos de recursos existentes en sus cuentas bancarias, pero la fiscalía exoneró al magistrado. Esto porque el juez de control había considerado que a la Fiscalía le “faltó exhaustividad en la determinación por la que cerró dicha investigación”.
Al respecto, el magistrado presidente reiteró su inocencia y ofreció su “plena disposición para colaborar con el Ministerio Público Federal y aportarle cualquier documento” que requiera.
Aún a pesar de que se reabrirá la investigación en su contra, Vargas Valdés aseguró que seguirá atento a su trabajo como presidente del TEPJF, el cual se intensificó en el periodo post electoral, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) multó por cantidades millonarias a diversos personajes públicos, donde destaca el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Samuel García, gobernador electo de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC).
Esto porque el uso de influencers en el periodo de la veda electoral para promover al verde será multado y el partido quiere apelar ante el Tribunal Electoral. De igual modo, el órgano electoral a cargo de Lorenzo Córdova impuso una multa a García Sepúlveda porque su esposa realizó actos propagandísticos en favor de él, lo cual fue mal visto por el INE porque Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel, es también una influencer.
En cuanto a la información que la UIF tiene contra Vargas Valdez se sabe, desde noviembre del 2020, que Santiago Nieto había presentado documentos donde se acreditaba una discrepancia de recursos y aunque sus operaciones no declaradas han sido expuestas en medios desde octubre de ese año, y la acusación formal data de febrero de 2020, el magistrado se refiere a la denuncia de la UIF como “presunta”, pues continúa asegurando su inocencia ante los señalamientos.
Respectivamente, el presidente del TEPJF publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter con dos anexos fechados el 11 de noviembre de 2019 y el 5 de agosto de este año. Mediante esos textos, el abogado trata de argumentar que lo publicado por Reforma es “falso”, “inexacto” y “engañoso”. Además, que ha solicitado la publicación de un derecho de réplica.
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