Cómo Google ayudó a la captura de un hombre por pornografía infantil en el Edomex: pasará 33 años en la cárcel

Un juez con sede en Almoloya de Juárez dictó una sentencia condenatoria de 33 años y nueve meses de prisión para Martín Perdomo González, luego de que el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM), acreditó su participación en el delito de trata de personas, en las modalidades de producción y almacenamiento de imágenes y videos de personas menores de 18 años de edad, en actos de exhibicionismo corporal y/o sexual.

La carpeta de investigación se inició en febrero de 2019, cuando la Fiscalía Especializada de Trata de Personas recibió una denuncia del Centro de Delitos Electrónicos contra Menores de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la entonces División Científica de la Guardia Nacional, por hechos posiblemente constitutivos de delito, en agravio de niñas, niños y adolescentes.

La empresa Google dio aviso inmediato a través de esta área de la Guardia Nacional cuando se percató que uno de sus usuarios realizó actos relacionados con pornografía infantil y lo canalizó como prioridad de riesgo actual o inminente a una persona, porque fueron localizadas diversas imágenes de posible producción de pornografía infantil con una persona menor de 18 años de edad, en actos de exhibicionismo corporal o sexual.

Algunas de las imágenes contaban con datos de creación y ubicación de la captura original del archivo digital y que pudieron ser creadas en Toluca, Estado de México.

En coordinación con la Dirección General Científica y Dirección General de Investigación, ambas de la Guardia Nacional, así como del área de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República (FGR), se lograron obtener datos de prueba, que dieron pauta a que la FGJEM determinara la posible comisión del delito de trata de personas e identificó plenamente a Martín Perdomo González, como el probable partícipe del hecho delictuoso.

Con los datos de pruebas recabados y aportados por esta Representación Social, se solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de este sujeto, misma que fue otorgada y cumplimentada por elementos de la Fiscalía Estatal.

En el cateo solicitado y ejecutado en el domicilio del ahora sentenciado, con elementos de la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal, se logró el rescate de una víctima, además se encontraron dispositivos de almacenamiento electrónicos, telefonía y envoltorios con marihuana.

Este sujeto fue ingresado al Penal de Almoloya de Juárez, donde un juez, previo proceso legal, le dictó esta pena privativa de libertad, además le fijó multas de 3 millones 295 mil 109 pesos y 58 mil 500 pesos como monto de reparación del daño, así como la pérdida de sus derechos civiles y políticos.

La Dirección General Científica de la Guardia Nacional solicitó la colaboración de empresas como Facebook y Google y la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de los EEUU, además de analizar las imágenes.

Las averiguaciones descubrieron una red criminal que presuntamente opera en 25 países alrededor del mundo. De acuerdo con las pesquisas, los presuntos corruptores sexuales, a través de redes sociales, intercambiaban imágenes explícitas de menores de edad, por lo cual solicitaron la colaboración de la Interpol para promover operativos en distintas naciones, entre ellas México, y en países de Europa.

Identificado como Eduardo “E”, el imputado es el primer vinculado a proceso por este caso. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí concluyó que existen los elementos y las pruebas suficientes para acusarlo por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en agravio a menores de edad.

Los presuntos integrantes de la banda fueron ubicados en cinco estados de la república por las pesquisas y labores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Fue en diciembre del año 2019 que se obtuvieron las órdenes judiciales de cateo para distintos inmuebles en las entidades de Guanajuato, San Luis Potosí, Quintana Roo, Baja California, y el Estado de México.

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