
La diputada local del PRI en Sinaloa, Paola Gárate Valenzuela, aseguró que sí presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras el hallazgo de una corona fúnebre colocada frente a su domicilio en Culiacán, y cuestionó las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien señaló que hasta ese momento no existía una denuncia formal por los hechos.
A través de un comunicado y diversos mensajes públicos, la legisladora sostuvo que acudió personalmente ante las autoridades menos de 24 horas después de encontrar la corona fúnebre afuera de su vivienda, la noche del pasado 10 de junio.
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Según explicó, desde el primer momento realizó los procedimientos legales correspondientes y notificó a las instancias responsables de seguridad.
Paola Gárate responde a Sedena y afirma que sí denunció las amenazas
La controversia surgió luego de que durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el general Ricardo Trevilla afirmara que se había recomendado a la diputada presentar una denuncia para que el caso pudiera investigarse, pero que ésta aún no se había formalizado.
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En respuesta, Gárate lamentó que las autoridades federales no contaran con información completa sobre su situación. La legisladora aseguró que la denuncia fue presentada oportunamente y cuestionó que se minimizara el riesgo que enfrenta.
Asimismo, señaló que la protección no debería limitarse únicamente a eventos o actividades oficiales, pues las amenazas ocurren también en espacios privados y durante la vida cotidiana.
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Diputada cuestiona criterios para otorgar seguridad en Sinaloa
La priista afirmó que ha solicitado medidas de protección en reiteradas ocasiones ante distintas dependencias federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En sus declaraciones, planteó interrogantes sobre los criterios utilizados para determinar cuándo una persona puede acceder a esquemas de protección, especialmente cuando existen antecedentes de amenazas previas.
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Cronología del caso
- El 10 de junio fue localizada una corona fúnebre frente al domicilio de la legisladora en Culiacán.
- La diputada asegura haber presentado una denuncia ante la Fiscalía estatal en menos de 24 horas.
- La Guardia Nacional mantuvo vigilancia temporal en el inmueble durante algunos días.
- Sedena informó que se realiza un análisis de riesgo para determinar medidas de protección.
- Gárate sostiene que actualmente no cuenta con un esquema formal de seguridad personal.
La legisladora denuncia insuficiencia en las medidas de protección
En entrevistas recientes, la diputada señaló que recibió una llamada de autoridades de la Guardia Nacional en la que se le informó que podría contar con acompañamiento durante traslados oficiales o en situaciones específicas de riesgo.
Sin embargo, consideró insuficiente esa propuesta al argumentar que la amenaza recibida ocurrió en su domicilio y fuera de cualquier actividad institucional.
También indicó que, tras el incidente, decidió pasar algunos días fuera de su hogar debido a la preocupación generada entre familiares y colaboradores cercanos.
Paola Gárate recuerda antecedentes de amenazas y hechos de violencia
La legisladora también recordó que en años anteriores denunció haber sido víctima de intimidaciones relacionadas con su actividad política.
Entre ellas mencionó un presunto secuestro temporal durante el proceso electoral de 2021 y amenazas posteriores que, afirmó, ya habían sido reportadas ante autoridades.
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De acuerdo con sus declaraciones, no mantiene conflictos personales con particulares y atribuye las amenazas a su labor pública, sus críticas a la situación de seguridad en Sinaloa y sus posicionamientos políticos.
Debate ocurre en medio de la crisis de seguridad en Sinaloa
El caso se desarrolla en un contexto marcado por los problemas de violencia que enfrenta Sinaloa.
Gárate sostuvo que la entidad acumula más de un año y medio de una crisis de inseguridad que continúa afectando a miles de familias y cuestionó la efectividad de las estrategias implementadas para reducir los delitos de alto impacto.
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Mientras las autoridades federales insisten en que existe coordinación y seguimiento al caso, la diputada mantiene su exigencia de contar con medidas de protección permanentes y con una investigación que esclarezca el origen de las amenazas recibidas.
La discusión también ha reabierto el debate sobre los mecanismos de protección para representantes populares y ciudadanos que denuncian situaciones de riesgo en la entidad.
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