Durante los últimos días de mayo, los consumidores en internet pudieron aprovechar los descuentos y promociones que diversos comercios ofrecieron a los clientes con motivo del Hot Sale, una temporada de ofertas en línea.
No obstante, algunas personas también utilizan esta época para engañar a los consumidores, falsificando productos, no entregando lo que se pidió o defraudando a la población. Por eso es que las dependencias gubernamentales han solicitado que los clientes sigan atentos hasta que tengan el producto en sus manos, eso incluye supervisar las entregas a domicilio.
Ante lo anterior, la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son las recomendaciones que deben de seguir los clientes cuando se realizan las entregas en su domicilio ya que “las empresas que comercialicen productos o servicios por internet deben garantizar tus derechos de la misma forma que si se realizara en un establecimiento físico”.
La primera recomendación que lanzó para los consumidores la Profeco fue “verificar la fecha estimada de entrega, el lugar donde se envía el producto y la empresa de paquetería que lo entregará”, ya que con esa información se pueden solicitar datos o aclaraciones en caso de atraso en el envío o reclamar si algo no está bien con el producto.
Lo segundo, es que se debe de “consultar los términos y condiciones de la compra en caso de que se solicite la devolución o un reembolso”. Ya que previo a oficializar la compra, la empresa debe de dar a conocer cuáles son los parámetros con los que trabaja para que el cliente los conozca y decida si, de verdad, quiere el producto.
Por último, recomendó “continuar con las medidas de prevención derivadas de la contingencia, utilizar cubrebocas y mantener sana distancia con el repartidor”, sin importar el color del semáforo epidemiológico en que se encuentre la ciudad o estado en el país.
A estas recomendaciones, se le deben de sumar los derechos básicos con los que cuenta cada consumidor en México, de acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor:
1. Derecho a la información: toda la información de los bienes y servicios que se ofrezca la empresa o comercio debe de ser oportuna, completa, clara y veraz.
2. Derecho a la educación: es importante conocer los derechos y la forma en que protege la ley a los clientes para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.
3. Derecho a elegir: al escoger un producto o servicio, nadie puede presionar, condicionar la venta, exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato.
4. Derecho a la seguridad y calidad: los bienes y servicios siempre deben de cumplir con las normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad (incluyendo las epidemiológicas que se habilitaron durante la pandemia).
5. Derecho a no ser discriminados: nadie puede negar un producto o servicio por el sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual ni por tener alguna discapacidad.
6. Derecho a la compensación: si se vende un producto de mala calidad, se tiene el derecho a que se reponga o a que devuelvan el dinero y, en determinado caso, a una bonificación no menor a 20 por ciento del precio pagado.
7: Derecho a la protección: cuando algún proveedor no respete los derechos o cometa abusos en contra de los consumidores, Profeco es la dependencia encargada de salvaguardar los derechos y que defiende a la población.
En caso de que se presenten problemas durante el proceso de compra o la entrega, la Profeco habilitó canales de comunicación para proteger y defender los derechos de los consumidores en caso de incumplimiento de los proveedores de servicios.
La primera opción es presentar una queja o denuncia en Concilianet, por medio de su portal de internet: http://concilianet.profeco.gob.mx/ o a través de correo electrónico a quejastelecomunicaciones@profeco.gob.mx.
No obstante, es importante saber diferenciar la denuncia de la queja, pues aunque podrían parecer sinónimos, no lo son. El conocer cuál es término con el que mejor queda el problema, ayuda a que el proceso sea más rápido.
La denuncia se enfoca en actos u omisiones de un proveedor que afectan directamente a los intereses del cliente; mientras que la segunda, es un reclamo oficial cuando un comercio perjudica al no respetar los términos y condiciones.
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