Por qué el padrón de celulares fue comparado con el RENAUT y qué riesgos hay

La organización R3D acusa que la reforma violará los derechos humanos de las personas

El chip de tu teléfono contiene más información de la que crees (Foto: Archivo)
El chip de tu teléfono contiene más información de la que crees (Foto: Archivo)

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) condenó la aprobación de la reforma del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, debido a que “vulnera la privacidad y compromete los derechos humanos”.

A través de su cuenta de Twitter la organización hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a no aceptar el Padrón y vetar la legislación que este martes fue aprobada en el Pleno del Senado de la República.

“Condenamos la aprobación de esta reforma que vulnera la privacidad y compromete los derechos humanos [...] Debido a que atenta contra los derechos de millones de personas, hacemos un llamado al Presidente @lopezobrador_ a decir #NoAlPadrón y vetar esta legislación autoritaria”, aseveró.

R3D señaló que en caso de ser aprobada por el Ejecutivo promoverán las acciones legales correspondientes para que no entre en práctica.

(Foto: Twitter)
(Foto: Twitter)

Asimismo, llamó al Senado de la República, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a preparar las respectivas acciones inconstitucionalidad contra el Padrón.

La defensa de los derechos humanos nos compete a todas y todos”, aseveró.

¿Cuáles son los riesgos del Padrón?

Desde el pasado febrero, la organización defensora de los derechos digitales emitió una alerta sobre el Padrón y publicó una ficha técnica sobre la minuta, explicando por qué debía ser rechazada.

“En términos generales, el Padrón es una nueva versión del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), un programa fallido creado en 2008 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón. El RENAUT fue eliminado en 2011 debido a que su base de datos fue filtrada y puesta a disposición en el mercado negro. En vez de incidir en la reducción de la delincuencia, los delitos de extorsión y secuestro repuntaron en 40 y 8 por ciento, respectivamente, durante el periodo de vigencia del registro”, recordó R3D.

La información de las personas estará en riesgo (Foto: Shutterstock)
La información de las personas estará en riesgo (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con el organismo, no hay evidencia de que los registros de tarjetas SIM contribuyan a la reducción de delitos como la extorsión, por ello es que países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y muchos otros han rechazado implementar este tipo de medidas.

Asimismo, señaló que Padrón no contribuirá a la investigación o sanción del delito, ya que asumir que las redes criminales usarán teléfonos asociados a su identidad para cometer sus delitos es inverosímil.

Señaló que actualmente hay muchas técnicas y mecanismos que son utilizadas para la suplantación de números telefónicos, tales como: la clonación y duplicación de tarjetas SIM, el uso de tarjetas SIM de otras jurisdicciones en las que no existe un registro (como Estados Unidos), la utilización de servicios de voz sobre IP (VOIP), el robo de teléfonos móviles, entre otros.

En ese sentido, cabe la posibilidad de que alguien suplante el número de otra persona para cometer actos ilegales y las autoridades terminen acusando a personas inocentes, violando así la presunción de inocencia.

El Senado turnó el padrón al Ejecutivo (Foto: Cortesía Senado)
El Senado turnó el padrón al Ejecutivo (Foto: Cortesía Senado)

“También implicaría el desperdicio de tiempo y recursos en el agotamiento de líneas de investigación que no conducen a la persona autora del delito”, señaló R3D.

Asimismo, recordó que ya existen múltiples herramientas para combatir delitos como el de extorsión en los “artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecen la posibilidad de realizar la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, así como el acceso a datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones respecto de toda línea de telefonía móvil”

De tal modo, acusan que estas facultades invaden la privacidad de las personas mientras que se vuelven en un riesgo de seguridad para la ciudadanía, además de que no ayudan a combatir delitos como extorsión, pero sí son un “pretexto inaceptable para maquillar la incompetencia de las instituciones de seguridad”.

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