México está proponiendo cambios a las leyes de combustible del país y revisará los permisos emitidos a los gasolineros porque algunos operadores de estaciones de servicio no están transfiriendo los subsidios a los consumidores tras un aumento en los precios internacionales del crudo.
“La Secretaría de Hacienda en este momento mantiene estímulos para las gasolinas y hay algunos empresarios gasolineros que absorben los estímulos y aparte aumentan los márgenes de ganancias en forma considerable”, dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en una respuesta escrita a las preguntas de Bloomberg. “Vamos a revisar sus permisos y actuar en consecuencia”.
Las críticas de Nahle a los gasolineros se producen justo cuando el Congreso comenzó a discutir un proyecto de ley propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca darle a la petrolera nacional, Petróleos Mexicanos, un mayor control sobre el mercado de combustibles recientemente liberalizado. La legislación propuesta es el paso más audaz del Gobierno actual para reducir las reformas que atrajeron inversiones de Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Chevron Corp. y Exxon Mobil Corp en la distribución de combustible.
En febrero pasado, la Secretaría de Economía recuperó una exención fiscal sobre el diésel y la gasolina con el objetivo de crear un amortiguador contra el impacto del aumento de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, en las últimas semanas, México ha visto un aumento en los precios al consumidor, lo que localmente se conoce como un “gasolinazo”, o aumento del precio de la gasolina, en el combustible Premium, que alcanzó un récord de 25,50 pesos por litro (USS 4.80 el galón) a fines de marzo, según el regulador del consumidor, Profeco.
El lunes, Nahle dijo en un tuit que el Gobierno tenía como objetivo poner los precios del combustible “en orden”.
De aprobarse como se espera, el proyecto de ley de combustible del Gobierno reformaría la ley de hidrocarburos del país y ampliaría el control gubernamental sobre la distribución, importación y comercialización de combustible. Permitiría la suspensión de permisos por motivos de seguridad nacional o energética, y también dejaría que Pemex tomara el control de las instalaciones cuyos permisos han sido suspendidos.
La organización de empresarios de hidrocarburos líquidos de la nación, Onexpo, ha dicho que la propuesta contradice la constitución y que la “subjetividad” podría orientar la aplicación de sanciones extremas a las empresas de combustibles por parte del Gobierno.
Nahle señaló en respuesta a las preguntas de Bloomberg que el proyecto de ley “nos va a permitir cancelar permisos donde incurran en actos ilegales, así mismo a gasolineras que delincan o que especulen”.
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