Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por realizar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las indagatorias comenzaron debido a una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) fue la dependencia encargada de radicar el caso bajo el número de carpeta FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000032/2021.
El Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Gobierno del Estado de Morelos otorgó información sobre los bienes inmuebles de Carmona Gándara, su esposa, María Luisa Sánchez Osorio, y la contadora Araceli García Mejía, al agente del Ministerio Público Federal (MPF). El fiscal promovió un amparo “buscador” para conocer si existen solicitudes de detención o alguna orden de aprehensión en su contra.
José Leovigildo Martínez Hidalgo, juez Séptimo de Distrito en la entidad federativa de Morelos, concedió a Carmona Gándara una suspensión provisional, la cual impide a la FGR ejecutar cualquier orden de captura, excepto cuando el delito amerite prisión preventiva oficiosa.
Martínez Hidalgo también solicitó información al MPF para saber por qué se le investiga. Por su parte, el fiscal de Morelos declaró el 5 de febrero que no es la primera vez que se le intenta vincular en algún delito.
“El fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, precisó que es la segunda ocasión que se realizan señalamientos en su contra sin fundamento alguno, pues recordó que en diciembre de 2020 se le acusó en los medios de comunicación de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de armas, siendo que en los documentos oficiales las investigaciones únicamente se referían a supuestas omisiones relacionadas a exámenes de control de confianza (...)
“De ahí que sostuvo que en esta ocasión serán igualmente atendidas las acusaciones en su contra, que no descarta que pudieron ser fabricadas por personajes políticos que tienen interés en apoderarse de las instituciones autónomas, como es el caso de la Fiscalía del Estado”, dijo a través de un comunicado de prensa.
De acuerdo con Carmona Gándara, existen diversos funcionarios públicos con el objetivo de “apoderarse de la institución” ya que en ésta se ejerce plenamente la autonomía y es ajena a cualquier interés particular, económico, o político. El fiscal también remarcó que su trayectoria en el gobierno está avalada por su prestigio y trabajo y que está dispuesto a defenderlo y a su familia.
Además, destacó que no se hallarán irregularidades en las investigaciones: su patrimonio corresponde a los ingresos que ha adquirido como servidor público y ha cumplido “puntualmente” con la presentación de su declaración patrimonial, dijo. Agregó que acudirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para poner a su disposición toda la información requerida.
Por otro lado, Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha reclamado en diversas ocasiones un trato desigual y violencia política.
Está detenida desde agosto del 2019 en el penal de Santa Martha Acatitla. “En este tiempo he visto cómo se deja libre a un peligroso narcotraficante, se defiende incondicionalmente a quien por sus omisiones ha causado miles de muertes y se protege a quien es acusado de violencia sexual”, indicó Robles Berlanga en una columna de opinión publicada en el periódico El Universal.
Refirió que ha sido testigo de los exfuncionarios que han sido extraditados y no han pisado la cárcel. Aunque no menciona ningún nombre en particular, en el caso de Emilio Zebadúa, quien fungió como oficial mayor en Sedesol y Sedatu durante el mismo periodo que Rosario Robles, negoció el criterio de oportunidad y podrá seguir libre mientras aporte datos relevantes y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) también sigue su proceso en libertad, lo cargo en su contra son por operación con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho.
Recientemente, el trabajo hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue cuestionado por la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador por los resultados de la auditoria correspondiente al 2019 y, en ese punto, la exfuncionaria indicó que a la “Auditoria se le descalifica cuando no gustan su informes, se utiliza como ariete para acusarme, sin haber puesto una demanda en mi contra ni tampoco solicitarme que resarcirá el daño”.
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