El empresario Kamel Nacif, quien ha estado prófugo de las autoridades mexicanas por casi dos años, habría sido detenido el 12 de octubre de 2020 en Líbano, pero fue liberado después de pagar una fianza. Así lo informó la periodista Lydia Cacho y la organización civil Artículo 19.
A través de un comunicado difundido este 1 de marzo, acusaron tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de no haberles notificado que el “Rey de la mezclilla”, como se le conocía en México por sus prósperos negocios textiles, fue presentado ante un juez en del país de Medio Oriente.
Resaltaron que fue hasta el pasado 16 de febrero cuando se enteraron de la situación de Nacif Borges, luego de que el ex gobernador de Puebla, Mario Marín “El Góber Precioso”, fue detenido el 3 de febrero en Acapulco, Guerrero, para ser procesado por el delito de tortura en agravio cometida contra Cacho en diciembre de 2005, del cual presuntamente, el empresario fue autor intelectual.
“Cancillería sabía desde octubre; asuntos internacionales de FGR sabía desde octubre, pero no se había notificado a la Feadle, que es la instancia a partir de la cual estamos siendo informados de los avances del proceso”, declaró este martes Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, en entrevista con Aristegui Noticias.
Maldonado detalló que las autoridades le retiraron a Kamel el pasaporte libanés, no el pasaporte mexicano, para que se sujete a una investigación por parte de las autoridades de ese país, que en este caso, tendría que validar todas las pruebas que ha recabado la antes PGR ahora FGR durante 15 años.
Se nos ha informado que se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso
En el comunicado recordaron al gobierno libanés que, dado que su país rarificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “se cumpla con las disposiciones del instrumento internacional y se tome en cuenta la gravedad de la conducta imputada a Kamel Nacif con base en la interpretación más protectora de los derechos de Lydia Cacho”.
En este sentido, tanto para Lydia como para Artículo 19, es desconcertante la falta de coordinación entre la Cancillería y la FGR para informarles sobre la situación de Nacif en aquel país, lo que podría considerarse un obstáculo en el acceso a la justicia, ya que según el expediente ministerial, la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año.
Lo que sabemos al día de hoy es que el proceso en Líbano se encuentra suspendido hasta que retomen actividades debido a la pandemia. No hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por la Fiscalía General de la República por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Artículo 19 señaló que dicha circunstancia no abona a la confianza que debe construirse entre instituciones del estado y víctimas de violaciones a derechos humanos.
Por el contrario, dichas omisiones ponen en peligro el acceso a la justicia, la seguridad y protección de la periodista y personas cercanas a ella, por la probable comisión de actos de represalia en su contra
Y es que al no haber sido informados, aseguran, se “redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso”.
Por ello, Cacho exigió a la FGR y a la SRE respetar su derecho a estar notificada de todo lo relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, acciones legales impulsadas por los presuntos responsables y cualquier otro que pudiera implicar cambios en la estrategia para la garantía del acceso a la justicia.
Además, formularon una serie de peticiones a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Líbano, para garantizar la justicia en este caso.
A pesar de que se sabe que el empresario se encuentra en Líbano desde hace tiempo, se especula que cuenta con el apoyo de la delincuencia organizada de aquel país, razón por la cual ha logrado escapar a la justicia tanto tiempo.
Los Demonios del Edén
En 2005, la periodista expuso en su libro Los Demonios del Edén que tanto Marín Torres como su ex subsretario de Seguridad Pública del mismo estado, Adolfo Karam, y Kamel Nacif, eran los responsables de mantener una red de pornografía y prostitución infantil con niños y niñas de entre cuatro y 14 años de edad.
Meses después de su publicación, Cacho fue detenida. Los delitos por los cuales se le acusó fueron de “difamación y calumnias”. Este procedimiento se llevó a cabo en el estado de Quintana Roo y la llevaron desde Puebla vía terrestre
Posteriormente, la periodista contó que en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella. También señaló que cuando llegaron a Puebla, el trámite de su propuesta fue lento y tortuoso.
El 17 de diciembre de ese año salió libre, luego de pagar una fianza de 70,000 pesos en efectivo. No obstante, en febrero de 2006, se hicieron públicas una serie de grabaciones telefónicas entre Kamel Nacif y Mario Marín, las cuales comprobaron la confabulación entre ambos para la detención de Lydia.
Cacho mantuvo su lucha en los tribunales durante 12 años, hasta que, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió por primera vez en la historia una resolución en contra del Estado mexicano, en contraposición a lo que antes había determinado la SCJN.
En abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Cancún giró cuatro órdenes de aprehensión contra Marín, Nacif, Karam Beltrán y Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales del estado, por los actos de tortura cometidos contra la defensora de derechos humanos.
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