Sánchez Cordero respaldó iniciativa preferente de AMLO para favorecer a CFE: “La rectoría de los sectores energéticos tiene que ser del Estado”

Este martes, durante la conferencia matutina, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, explicó las razones por las que es tan importante para el gobierno mexicano el proyecto de ley turnado a la Cámara de Diputados para hacer modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica. Tanto así, que la propuesta fue enviada en calidad de Iniciativa Preferente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual lleva este tema a la cabeza de la orden del día de la sesión legislativa.

La Dra. Sánchez Cordero, quien ha llevado las conferencias matutinas mientras el presidente mexicano se recupera de la COVID-19, enfatizó que el suministro de energía eléctrica es un sector “estratégico de seguridad nacional”, por lo cual es necesaria la rectoría del Estado Mexicano en estos temas.

El proyecto de ley promovido desde el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal, por encima de la industria privada. Sin embargo, “Esto no significa que no vayan a participar los particulares; con ciertas reglas y con ciertos límites”, matizó la Secretaria de Gobernación.

“¿Por qué es una actividad estratégica de seguridad nacional? Lo es por tres principios constitucionales, fundamentales. La primera, la continuidad en el servicio; la segunda, confiabilidad en el servicio; y la tercera, estabilidad en el servicio”, es la explicación que da la Dra. Olga Sánchez Cordero para justificar la importancia que le ha conferido el presidente mexicano a este tema.

Como ejemplo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a la audiencia imaginar “un sistema eléctrico no confiable o no continuo o no estable en los hospitales. Imagínate nomás, por un segundo, todo lo que está conectado a la energía eléctrica de los ventiladores, por ejemplo, en la pandemia”.

Para ella “Solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizar al Estado Mexicano [...] estos tres principios”. Recordó que la iniciativa privada no quedará completamente excluida del manejo de la energía eléctrica, “Pero la rectoría, en estos sectores estratégicos, tiene que ser del Estado”.

El proyecto plantea reformas y adiciones a 9 artículos de la Ley de la Industria Eléctrica. En el documento, el Poder Ejecutivo justifica la importancia de esta iniciativa bajo el argumento de que la Reforma Energética del año 2013, a manos del ex presidente Enrique Peña Nieto, “se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico”.

Como consecuencia de esto, según el documento, la CFE “quedó fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores [...] sometida a una regulación que privilegia a los particulares”.

El proyecto enviado a la cámara de diputados contempla 5 modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica:

Que los permisos otorgados al sector privado según la ley en cuestión, estén sujetos a los “criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía”.

“Establecer que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas”, sino de “la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías limpias”.

Modificará una de las disposiciones de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto según la cual los Suministradores de Servicios Básicos otorgan los Contratos de Cobertura Eléctrica exclusivamente mediante subastas. Según el documento, este mecanismo privilegia las inversiones privadas en detrimento de la CFE y pone en riesgo el suministro de energía, pues los Suministradores de Servicios Básicos se ven obligados a obtenerla de “energías intermitentes limpias eólicas y fotovoltaicas”. De tal forma que la reforma eliminará la obligatoriedad de estas subastas.

El proyecto contempla obligar a la Comisión Reguladora de Energía a que revoque los permisos de autoabastecimiento para empresas privadas cuyo único interés en la producción de energía, supuestamente, es usarla para ellas mismas. Es decir, producir energía sin la intención de venderla.

Según el proyecto de reforma, la Reforma Energética permitió que, bajo el supuesto autoabastecimiento, las empresas privadas beneficiaran a terceros que obtenían energía eléctrica fuera del marco de la ley.

La quinta y última modificación contempla una revisión de la legalidad y rentabilidad de los contratos otorgados a los productores independientes de energía. Esto en consonancia con la modificación anterior que regulará los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica.

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