Propusieron que robo de vacunas contra el COVID-19 sea castigado con 15 años de cárcel

Debido al valor incalculable, por su capacidad para llevarnos al final de la pandemia, que conllevan las vacunas contra el COVID-19, las cuales comenzaron a aplicarse de forma masiva en todo el mundo a finales de 2020, al igual que en México, propusieron en el Senado de la República que el robo de este tipo de antígenos sea castigado con hasta 15 años de cárcel.

Ante este escenario, el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD (Partido de la Revolución Democrática), consideró importante establecer un control social severo para quien sustraiga de forma indebida una o más vacunas que sean propiedad de las instituciones públicas de salud o que formen parte del Programa de Vacunación Universal.

El legislador del PRD enlistó una iniciativa para reformar el artículo 462 Bis 1 de la Ley General de Salud, a fin de imponer hasta 10 años de prisión y una multa de hasta 3,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs), es decir, unos 268,000 pesos mexicanos, a quien robe estos fármacos.

Si quien comete este delito es una persona del servicio público, Mancera demandó una pena de hasta 15 años de cárcel. “El desarrollo de la vacuna no sólo representa una esperanza sólida para recuperar la normalidad, sino una oportunidad para grupos del crimen organizado que buscan aprovecharse de la emergencia global para enriquecerse de forma ilícita”, remarcó.

El senador añadió que diversas agencias de seguridad alertaron, desde septiembre de 2020, sobre los riesgos a los que estarían sujetas la distribución y aplicación de las vacunas contra el nuevo coronavirus. “El robo o sustracción de estos productos es uno de los principales peligros”, alertó.

Esto, debido a que se pretende distribuirlos en el mercado negro, al ser denominadas “oro líquido”. “Tienen un alto valor porque son un insumo esencial para el regreso a la normalidad y para la protección a la salud de las personas”, subrayó.

Mancera ejemplificó que, en octubre de 2020, la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) fue notificada por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) del robo de la vacuna Vaxigrip para la inmunización contra la influenza tipo A y B, de uso exclusivo del Sector Salud, y un mes después, la Comisión advirtió sobre su venta de manera ilegal en sitios en línea.

Mancera ya ha propuesto en las últimas semanas un paquete que eleva las sanciones relativas a este tipo de antígenos por diversos delitos. Hace un par de semanas, dio entrada a una iniciativa para que las penas máximas para el caso de falsificación, adulteración, contaminación o alteración de la vacuna contra el COVID-19 pasaran de 15 a 22 años.

Además, las multas por los mismos delitos irían de 8.9 millones de pesos (unos USD 500,000) a 13.3 millones (unos USD 664,000). En el caso de su venta, oferta, comercio o transporte, se aumenta de nueve a 13 años de prisión y la multa se elevaría de 4.5 millones de pesos (unos USD 225,000) a 6.7 millones de pesos (unos 335,000).

Una semana después, propuso la creación de un “pasaporte” y de un certificado de vacunación por COVID-19, o cualquier enfermedad que pueda causar una pandemia. “Es una garantía que pueden tener las personas de que han sido inmunizadas en territorio nacional para acreditarlo y poder cumplir con normas de sanidad nacionales e internacionales”, dijo en su momento.

México pasa por el peor momento de la pandemia de COVID-19. Este lunes, el país alcanzó los 150,000 fallecimientos por la enfermedad a nivel nacional, con poco más de 1.7 millones de casos positivos acumulados confirmados, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal.

En el frente de vacunación, la nación acumula 642,105 dosis aplicadas en toda la República hasta el 25 de enero de 2021. Del total, 28,715 personas, la abrumadora mayoría personal de salud de primera línea en el combate contra el coronavirus, ya recibieron las dos dosis necesarias. El resto, 613,390 personas, recibieron la primera.

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