
Un Juez de Control vinculó a proceso a José Trinidad “Z”, también conocido como “Padrino”, por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburo, informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR).
Al sujeto se le asoció con operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, El “Marro”, en la entidad federativa mexicana de Guanajuato: está enfocado al robo de gas licuado de petróleo (GLP) en tomas clandestinas, mejor conocido como huachicoleo.
La indagatoria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) señaló que José Trinidad “Z” es el principal accionista de una empresa comercializadora de este tipo de combustible.
Se descubrió que para las operaciones de la empresa se contaba con tomas clandestinas para el robo de gasolina en San Andrés Chiautla, en el Estado de México. Se obtuvieron diversos medios de prueba de la comisión del delito desde el 28 de febrero del 2019, cuando comenzó una carpeta de investigación después de una denuncia anónima.

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) arrestaron a José Trinidad “Z” el pasado 27 de septiembre para mantenerlo bajo arraigo con un acuerdo de verificación de flagrancia y retención.
El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, libró una orden de aprehensión en su contra: fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial el pasado 5 de noviembre.
La defensa del “Padrino” solicitó, en la audiencia inicial realizada al día siguiente, la “duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica”, señaló la dependencia.
“Cinco días después se llevó a cabo la continuación de la audiencia, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de José “Z”, imponiéndose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedando interno en el mismo Altiplano, otorgando a las partes un plazo de tres meses para la investigación complementaria”, declaró la Fiscalía General de la República.

A pesar del arresto de José Antonio Yépez Ortiz, El “Marro”, en Guanajuato, la violencia ha ido en aumento y se comienzan a repetir los mismos patrones que se han visto en otras organizaciones criminales: lejos de desaparecer, cuando se corta la cabeza el cártel se fragmenta en más células.
Los ataques y asesinatos en el territorio dominado por el cártel huachicolero se intensificaron después de un corto “período de paz”. Tras la detención del importante líder, señalado como uno de los principales responsables de posicionar a Guanajuato como la entidad más violenta del país, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los homicidios en la entidad habían bajado “un 50 por ciento”.
Cuando el Marro todavía estaba libre, la encarnizada guerra que protagonizó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del huachicol y las rutas del tráfico de drogas dejó un Guanajuato con 4,494 homicidios en 2019. A esto se suma que las extorsiones, los secuestros, y las desapariciones forzadas se volvieron comunes en el estado.
Tres meses después de la detención del líder, Guanajuato sigue siendo un foco de conflicto y se ha convertido en un cementerio: en los últimos 100 días se han encontrado más de 70 cuerpos en un predio que fue utilizado como fosa clandestina en Salvatierra.
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