El PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición parlamentaria, demandó este lunes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que deje sin efectos el decreto que ordena recortar el aguinaldo de 2020 a los servidores públicos “de alto nivel” que laboran en el aparato gubernamental.
"El aguinaldo es un derecho adquirido y una prestación que tienen todos los trabajadores del Estado, por lo que emitir un decreto en el cual se ordena recortarlo es un agravio al ordenamiento jurídico mexicano y un insulto a las familias de los trabajadores”, expresó Kenia López Rabadán, senadora de Acción Nacional, en una rueda de prensa virtual.
La legisladora recordó que el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que los servidores públicos tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna, y que se deberá pagar el 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero.
Y es que la semana pasada, López Obrador decretó que funcionarios públicos de alto nivel recibirán un recorte de sus beneficios de fin de año en congruencia con la “austeridad republicana”, el programa de ahorros de la actual administración, mientras el presidente mismo renunció al 100% de esta prestación.
A través del Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer que los recortes en el aguinaldo serán para el personal de enlace y de mando de las Dependencias y Entidades, así como el personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentre cumpliendo funciones en territorio nacional.
De acuerdo con el decreto, el aguinaldo será únicamente de veinte días, sobre la base de cálculo de los sueldos y salarios autorizados, “mismo que se incrementará hasta alcanzar un máximo de cuarenta días, sobre la misma base de cálculo, en los niveles que menor percepción tengan en el tabulador de sueldos y salarios”, precisa el documento.
El decreto, publicado el 5 de noviembre en el DOF, precisa que reintegrará a la Tesorería de la Federación el 100% de su aguinaldo y otras gratificaciones de fin de año, de acuerdo a sus principios de austeridad en el gobierno mexicano, mismos que deberán ser utilizados en la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
El presidente mexicano había indicado en su momento que “la inmensa mayoría de los trabajadores al servicio del estado tiene su aguinaldo completo”, pero que los “altos funcionarios” decidieron “aportar” sus aguinaldos. “Se tuvo que hacer un decreto para cumplir con los procedimientos legales y ya se estableció para los altos funcionarios una disminución en el caso del aguinaldo, es voluntario”, reiteró.
López Rabadán, por su parte, destacó que López Obrador colocó “por encima de la Constitución un simple decreto presidencial", lo cual es “inconstitucional, ilegal, no proporcional y fuera de todo sentido humano”. La senadora panista añadió que el Ejecutivo tampoco puede escudarse y decir que el cumplimiento del decreto es voluntario, ya que dicho carácter no se estableció en el mismo.
Fuentes del equipo de la senadora aseguraron a Infobae México que el área legal ya estudia las opciones sobre si es posible impugnar este decreto y cuáles serían los caminos jurídicos a seguir, pero todavía es muy pronto para definirlo.
Además, la legisladora precisó que los salarios son irrenunciables “por mandato constitucional”, lo cual impide que los trabajadores renuncien a sus prestaciones. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado calificó de “abusiva y desafortunada” esta decisión en una “etapa tan difícil para la economía y la salud de las familias mexicanas” debido al coronavirus.
Por último, López Rabadán manifestó que es “necesario que el Presidente de la República reoriente el gasto” y, “si de verdad quiere reactivar la economía en este ‘Buen Fin’, ordene se cumpla la ley y ninguna persona en la administración pública federal vea violentados sus derechos laborales”. “No a los moches a los aguinaldos”, finalizó.
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