
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que las víctimas y su asesoría jurídica puedan pedir aclaraciones sobre la imputación del Ministerio Público, en condiciones de igualdad frente a la persona imputada y su defensa.
El criterio surgió de un caso por violación contra una adolescente en Ciudad de México. La SCJN ordenó devolver el asunto al tribunal colegiado que negó el amparo a la víctima, para que emita una nueva resolución con perspectiva interseccional, de género e infancia.
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La disposición revisada faculta a la persona juzgadora de control para solicitar, a petición de parte, las precisiones que considere necesarias sobre la imputación formulada por el Ministerio Público. La SCJN sostuvo que esa posibilidad también debe estar disponible para la víctima y su representación legal, sin que ello implique sustituir las atribuciones ministeriales.
Suprema Corte ordena una nueva revisión del caso por violación sexual

La causa penal comenzó con una denuncia por violación sexual contra una adolescente. Tras la imputación, un juez dictó auto de vinculación a proceso contra la persona señalada.
Un tribunal de apelación revocó esa determinación, emitió un auto de no vinculación y ordenó el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria, al concluir que el delito no ocurrió. La víctima promovió un amparo contra esa resolución, pero un tribunal colegiado se lo negó.
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Ante esa negativa, la víctima presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte. El Pleno concluyó que el tribunal colegiado incumplió su obligación de juzgar con perspectivas interseccional, de género y de infancia.
La Corte indicó que el órgano judicial se limitó a mencionar los estándares aplicables, sin revisar si realmente fueron incorporados en la valoración de los datos de prueba. Por ello, deberá emitir una nueva sentencia con libertad de jurisdicción y conforme a los parámetros fijados por el Máximo Tribunal.
Declaraciones de víctimas de violencia sexual deben analizarse en su contexto

Señaló la SCJN que las declaraciones de las víctimas son pruebas fundamentales en asuntos de violencia sexual, debido a las condiciones en que suelen cometerse esos delitos. Las posibles inconsistencias en sus relatos no deben desacreditarlas de forma automática.
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Las autoridades deben valorar esas diferencias de manera contextualizada, a partir de la naturaleza traumática de las experiencias, la edad de la víctima y sus condiciones particulares. Ese análisis debe formar parte de la revisión judicial de los datos de prueba.
El Pleno también precisó que un auto de vinculación a proceso no requiere el mismo grado de certeza que una sentencia condenatoria. En esa etapa, la autoridad debe determinar si hay datos suficientes para sostener razonablemente que ocurrió un hecho previsto como delito y que existe probabilidad de participación de la persona imputada.
La resolución corresponde al amparo directo en revisión 3029/2026, resuelto por el Pleno de la SCJN en sesión de este 17 de noviembre.
Ordena la Suprema Corte un análisis interseccional en casos de violencia sexual para detectar desigualdades de poder

La SCJN resolvió el pasado 6 de agosto que las personas juzgadoras deben aplicar un análisis interseccional en casos de violencia sexual para identificar las relaciones de poder y desigualdad entre las partes. El criterio impide descartar ese contexto a partir de un solo elemento, como la edad o condición física de la persona acusada, y ordenó emitir una nueva resolución en un caso de violación agravada.
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El Pleno determinó que el análisis debe abarcar las circunstancias personales, familiares y sociales de quienes intervienen en el proceso. La revisión con perspectiva de género debe incluir también la condición de vejez cuando sea aplicable.
La decisión derivó del Amparo Directo en Revisión 6422/2024, relacionado con la absolución de una persona acusada de violación agravada. La denunciante promovió un juicio de amparo al argumentar que durante el juicio oral no se respetaron los principios de inmediación y continuidad, además de que el asunto no fue estudiado con perspectiva de género.
Un tribunal colegiado negó inicialmente el amparo y el recurso de revisión llegó después al Pleno de la Suprema Corte. La SCJN concluyó que ese órgano incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad.
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La edad y condición física no bastan para descartar una relación de poder

El tribunal colegiado rechazó la existencia de una relación de poder entre las partes principalmente por la edad y condición física de la persona acusada. Para la SCJN, ese razonamiento omitió revisar de manera completa el contexto familiar y personal de ambas personas.
La denunciante acusó de violación agravada al padre de su pareja fallecida. El Pleno sostuvo que ese vínculo debía valorarse junto con otros elementos que pudieran revelar una asimetría en la relación.
Señaló la SCJN que una posible desigualdad no puede determinarse con un dato aislado. Las autoridades judiciales deben tomar en cuenta factores como el sexo, género, edad, estado de salud, discapacidad, nivel socioeconómico, el vínculo entre las personas involucradas y cualquier circunstancia que incida en la dinámica entre ellas.
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Ese estándar obliga a examinar los elementos del caso en conjunto y evita que una característica individual se utilice para negar una posible condición de subordinación o violencia. La SCJN también reafirmó que las pruebas deben valorarse sin estereotipos.
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