Un grupo de integrantes del Poder Judicial en México iniciaron una recaudación para crear un fondo destinado a las dos menores que quedaron huérfanas a mediados de junio, tras el asesinato en el estado de Colima de sus padres, un juez federal encargado de casos delicados relacionados, entre otros, con el narcotráfico, y su esposa.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), una asociación civil conformada por integrantes de este poder en México, lanzaron la colecta de donativos para la adquisición de un seguro dotal para la educación universitaria de las hijas del finado juzgador.
De acuerdo con los expertos en Finanzas consultados por Infobae México, un seguro de este tipo tiene como finalidad funcionar como una “herencia” para los beneficiarios, que se puede pagar en cuotas o primas anuales. Además, se puede precisar una fecha para entregarles a los destinatarios el total ahorrado, o cuando cumplan cierta edad.
“Querida familia judicial: me dirijo a ustedes a fin de solicitar su aportación para la recaudación de un fondo con el objetivo de crear un fideicomiso para las chiquitas de nuestros queridos Uriel y Vero”, expresó, en un video publicado por la Jufed, la jueza de distrito Enriqueta Velasco Sánchez, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo.
“Esto, para que (las niñas) sientan el apoyo de quienes tenemos la misma vocación de su papá y, sobre todo, transmitirles de manera real el sentido de justicia y solidaridad que compartimos”, añadió la juzgadora, quien reveló que la meta es conseguir un millón de pesos para cada una de las menores.
“Si cada uno hace la aportación de 1,500 pesos, lograremos la meta para que, muy probablemente, cuando reciban su fideicomiso, les permitirá alcanzar el proyecto de vida que elijan, sin mayores preocupaciones para materializarlo", completó.
Los integrantes del Poder Judicial que deseen participar en la colecta se podrán sumar en éste link, donde deberán ingresar su usuario y contraseña con el que ingresan al sitio oficial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que el dinero se descuente directamente de sus recibos, así como para obtener una impresión de este documento.
El juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados el 16 de junio en Colima, en un “crimen de estado”, como afirmó Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El juzgador había decidido casos sensibles que involucraban al crimen organizado y renunció a la protección que le ofrece el Poder Judicial a todos sus integrantes que se consideran de alto riesgo por su trabajo.
El asesinato de la pareja fue atraído inmediatamente por la FGR y es el Ministerio Público Federal el que realiza las indagatorias desde entonces. La muerte provocó también que las dos hijas del matrimonio, una niña de tres y otra de siete años, quedaran huérfanas.
Tras la muerte del juzgador y de su esposa, la Jufed pidió revisar los protocolos de seguridad para sus integrantes. “Atendiendo el clima que impera de inseguridad pública y crimen organizado en nuestro país, pedimos que se le den las garantías judiciales necesarias para poder llevar a cabo su importantísima labor de administrar la justicia”, dijeron en su momento.
La situación provocó que el sector privado e incluso algunos legisladores del Congreso mexicano, propusieran la implementación de la figura del “juez sin rostro”, como se ha usado en otros países en el pasado como medida para proteger a los juzgadores en un contexto de violencia, para permitirles laborar con imparcialidad y sin miedo.
Por otra parte, el asesinato de la pareja fue atraído inmediatamente por la Fiscalía mexicana (FGR) y será el Ministerio Público Federal el que realiza las indagatorias. A finales de septiembre, las autoridades mexicanas obtuvieron la vinculación a proceso, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y posesión de cartuchos, de uno de los señalados en el asesinato de Villegas y Barajas.
La FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo la vinculación contra David “L”. Por los delitos de los que lo acusan, un juez impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó tres meses para el cierre de las investigaciones.
El segundo acusado en el caso, Jaime “T”, conocido como “El Alacrán”, fue detenido a finales de junio y también es señalado por su probable responsabilidad del homicidio de una legisladora del estado de Colima, la diputada local de Morena Francis Anel Bueno.
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