El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuso una asignación de 826 millones de pesos en recursos destinados a garantizar la seguridad de jueces y magistrados federales, la respuesta más contundente hasta ahora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al asesinato del juzgador Uriel Villegas en Colima en junio pasado.
En el apartado sobre la seguridad de jueces y magistrados del proyecto de presupuesto entregado este martes por el secretario de Hacienda Arturo Herrera a la Cámara de Diputados, el gobierno explica que el Poder Judicial no ha sido ajena a la crisis de violencia que vive el país desde hace unos 15 años.
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“En el presente año sufrimos el atroz y cobarde homicidio de un Juez de Distrito, derivado de su compromiso con la impartición de justicia y de su colaboración en el combate a la delincuencia organizada”, explicaron. A Villegas lo asesinaron junto a su esposa, Verónica Barajas, dejando huérfanas a dos menores.
Es por ello, argumentaron, que el gobierno tiene “el ineludible reto de garantizar la protección y seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados, entendiendo que ello debe alcanzar, como mínimo, a todos aquéllos que se dedican a la materia penal”, de acuerdo con el documento consultado por Infobae México.
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Sólo de este modo, argumentaron, la impartición de justicia quedará blindada frente a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de amedrentamiento y corrupción.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la imparcialidad de quienes juzgan se ve afectada cuando los jueces se desempeñan en entornos en los que su integridad y vida se ven amenazadas.
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Para cumplir estos objetivos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) está revisando y mejorando sus procedimientos de diagnóstico de riesgo y de asignación y supervisión de medidas de protección para jueces y magistrados, en aras de evitar que los procesos administrativos obstaculicen esa acción prioritaria, de acuerdo con el documento.
“No obstante, la dotación de recursos para cumplir este cometido es fundamental en esta tarea, pues la seguridad de quienes juzgan redunda, en última instancia, en el fortalecimiento de las labores de seguridad del Estado mismo”, remarcaron.
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El presupuesto del Poder Judicial
El proyecto de presupuesto 2021 considera para el CJF 64,045 millones de pesos, monto superior en 1.9% en términos reales respecto al Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal del año pasado y 3.7% en términos reales respecto al presupuesto aprobado para el mismo ejercicio fiscal.
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“La propuesta de recursos permitirá al Consejo la consolidación del Sistema Judicial Federal establecido en nuestra Constitución, entre los que destacan la protección de los derechos humanos fundamentales”, indicaron, así como la segunda etapa de la instalación de los Tribunales Laborales.
Además, le permitirá la impartición de justicia penal en el marco del sistema adversarial; la defensa y asesoría jurídica para las personas que no puedan contar con un abogado, así como la impartición de justicia en materia mercantil, responsabilidad ambiental, competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, entre otras.
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Por otra parte, el proyecto propone para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un presupuesto de 5,159 millones de pesos para 2021, lo que sería un incremento del 3.5% con respecto al año anterior. Para el Tribunal Electoral serían 3,225 millones, un crecimiento del 17.7%, debido a que el próximo año se llevarán a cabo los comicios más grandes de la historia.
En su conjunto, se prevé que el Poder Judicial realice un ejercicio de 72.4 mil millones de pesos, que concentra 52.8% del total de las asignaciones del conjunto de Poderes y Entes Autónomos, y equivale a un incremento de 4% en términos reales respecto al aprobado en 2020.
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