La Secretaría de Salud presentó en conferencia de prensa desde Palacio Nacional el Plan Integral de Atención a la Población Migrante, el marco normativo en salud que les ha permitido estudiar y brindar atención a los viajeros que podrían estar en riesgo por la epidemia de la enfermedad COVID-19 que azota a México.
Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, reveló que desde la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud consideraron “firmemente que es importante fortalecer la vigilancia sanitaria, la gestión de la información y el monitoreo; mejorar el acceso a los servicios de salud para la población migrante y de acogida; mejorar la comunicación e intercambio de información con el fin de contrarrestar la xenofobia, el estigma y la discriminación; así como fortalecer las alianzas, las redes y los marcos multi-país con el fin de comprender el estatus y promover y proteger la salud de los migrantes".
Por ello, el plan integral consta de cuatro objetivos específicos: coordinar la atención a la salud a todos los niveles, favorecer el acceso a la atención médica, realizar la referencia oportuna sin importar que sean beneficiarios y monitorear los riesgos potenciales a la salud pública.
Además, Nucamendi Cervantes informó que hasta el momento, se han logrado aplicar 1,999 pruebas de coronavirus a personas migrantes. Los resultados arrojan hasta el 18 de octubre de 2020, 1,273 (64%) exámenes negativos, así como 103 (5%) sospechosas y 574 (29%) positivas.
Informó que la situación de quienes han dado positivo es ambulatoria; es decir, son pacientes no graves. Se observó, además, que son los menos quienes viajan con sintomatología grave.
Los países de procedencia de las personas estudiadas son Venezuela con el 15%, Estados Unidos el 13%, Honduras un 11%, Cuba con 10%, Colombia el 9%, El Salvador 7%, Guatemala 5%, Perú 2%, Ecuador 2%, Chile 2%, Argentina 3%. Otros 22.2% son acumulados con población proveniente de Haití, Brasil, Egipto, Canadá, Camerún, Alemania, Japón, Italia, Israel, Grecia, Francia, España.
Lamentablemente se contabilizaron al último corte un total de 35 defunciones por COVID-19 en 17 entidades federativas.
El miércoles 21 de octubre, manifestantes protestaron en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos para reclamar su derecho al asilo, ante la decisión del gobierno estadounidense de suspender la atención de los casos debido a la pandemia.
Con pancartas con la leyenda “¡Defender el asilo!” y al coro de “Ningún ser humano es ilegal”, migrantes marcharon hacia El Chaparral, en la frontera entre Tijuana y San Diego, para exigir la reactivación de la evaluación de los procesos de asilo.
Dicho trámite, dentro del programa “Quédate en México” impuesto por el gobierno de Donald Trump, dispone que los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país deben esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos.
Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP), fue anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después. Desde entonces, al menos unos 60,000 migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países latinoamericanos, fueron devueltos a México.
Tras las multitudinarias caravanas de finales de 2018 y principios de 2019 Trump amenazó a México con sanciones comerciales si no tomaba medidas para detener la oleada migratoria. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desplegó entonces unos 26,000 militares en sus fronteras norte y sur.
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de las marcas distintivas de su presidencia, pero casi todas sus medidas han sido impugnadas en los tribunales, con resultados variables.
*Con información de AFP
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