
El hallazgo sin vida de Anaid Belén García Alfaro, rescatista de perros en el Estado de México, ha generado conmoción e indignación entre colectivos animalistas y usuarios en redes sociales, debido a las múltiples denuncias de amenazas y agresiones que la víctima había realizado antes de su muerte.
La activista, de 37 años, había utilizado sus redes sociales durante varios meses para documentar la violencia que enfrentaba, así como el envenenamiento y asesinato de algunos de los perros bajo su cuidado. En una de sus últimas publicaciones escribió: “No quiero ser un número más”, frase que hoy se ha convertido en un símbolo de exigencia de justicia.
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De acuerdo con reportes oficiales, la desaparición fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el pasado 19 de marzo, lo que derivó en la emisión de una ficha de búsqueda. La última vez que fue vista fue en la colonia Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán.

Tras varios días de búsqueda, en la que participaron activistas y rescatistas independientes, el cuerpo de Anaid Belén fue localizado sin vida el 25 de marzo. El caso ha generado una fuerte reacción pública, especialmente por las advertencias previas que la víctima había hecho sobre el peligro que enfrentaba.
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En sus denuncias, la activista señalaba haber sido víctima de amenazas físicas y verbales, además de hostigamiento constante por parte de personas a las que identificó como vecinos. Según sus testimonios, estas personas buscaban despojarla del lugar donde vivía. También denunció agresiones directas contra sus animales, incluyendo golpes y envenenamientos.
En uno de los videos difundidos en redes, mostró lesiones en su rostro y afirmó haber sido agredida. Asimismo, aseguró haber presentado denuncias ante el Ministerio Público e identificado a los presuntos responsables; sin embargo, según lo expresado por ella misma, no recibió la protección solicitada.
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Diana Belén había iniciado un proceso legal desde el 14 de noviembre de 2024 ante la Fiscalía estatal, con el fin de dar seguimiento a las agresiones. A pesar de ello, las amenazas continuaron, lo que evidenció, según colectivos, posibles fallas en los mecanismos de protección para personas en situación de riesgo.

El caso también ha puesto en evidencia los peligros que enfrentan los rescatistas independientes de animales, quienes, además de la falta de recursos, pueden ser objeto de violencia, intimidación y ataques por su labor. En este sentido, organizaciones animalistas han señalado la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes defienden los derechos de los animales.
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Tras el hallazgo, activistas y ciudadanos han exigido justicia y el esclarecimiento de los hechos, así como la detención de los responsables. En redes sociales, usuarios han manifestado su indignación y han cuestionado la actuación de las autoridades ante las denuncias previas.
Algunas versiones no confirmadas también apuntan a posibles influencias de los presuntos agresores en el ámbito local, lo que habría dificultado la intervención oportuna de las autoridades, aunque esto no ha sido corroborado oficialmente.
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El caso de Anaid Belén García Alfaro vuelve a poner en el centro del debate una problemática recurrente: personas que denuncian amenazas de manera reiterada, advierten sobre el riesgo que enfrentan y, aun así, no reciben protección efectiva. Su historia, marcada por la defensa de animales, se ha convertido en un llamado urgente para revisar los mecanismos de atención y prevención de la violencia.
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