Genaro García Luna tenía motivos para comerse las uñas, al escuchar el pasado 7 de octubre los nuevos cargos en su contra, en una corte federal del Distrito Este de Nueva York (Estados Unidos).
Ese día, el ex secretario de Seguridad Pública (2006-2012) atendió una serie de acusaciones que lo vinculan al Cártel de Sinaloa y al tráfico de al menos 53 toneladas de cocaína que habrían llegado a la Unión Americana.
El expediente 19-cr-00576, radicado en el Distrito Este de Nueva York, y al que tuvo acceso el semanario Río Doce, incluye a dos de los principales colaboradores del súper policía: Luis Cárdenas Palomino, ex director de seguridad regional de la extinta Policía Federal y Ramón Pequeño García, director de la división Anti Drogas durante el sexenio de Felipe Calderón, quienes habrían sido “puentes” para negociar con líderes de la organización sinaloense.
Según la imputación, los tres funcionarios habrían trabajado con cabecillas del Cártel de Sinaloa para proteger toneladas de droga que eran enviadas de México a Estados Unidos a través de todos los medios posibles, incluyendo submarinos, barcos, aviones, y tráileres.
“Los acusados no sólo protegían cargamentos de droga que pertenecían al cártel (de Sinaloa), y que fueron consumidos en su totalidad en Estados Unidos, sino que también protegían a sus líderes para que no fueran arrestados”, cita el expediente develado por el periodista Miguel Ángel Vega.
El documento también agrega que los funcionarios debían asegurar que el dinero —producto de la venta de las drogas en EEUU— llegara con bien a las manos de los cabecillas del cártel —liderado entonces por Joaquín el “Chapo” Guzmán e Ismael el “Mayo” Zambada— , además de buscar formas para lavar ese dinero.
García Luna, Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño amainaron los conflictos internos dentro de la organización criminal garantizando a ésta que recibiría protección de funcionarios corruptos, para controlar las rutas del narcotráfico en México. Esta es la prueba incriminatoria clave por la que García Luna podría ser juzgado en Estados Unidos.
Hacia el final del documento se enlistan los tipos de “favores” que los tres abanderados de la guerra contra el narco en el sexenio de Calderón, habrían cumplido a cambio de millones de dólares.
A) No interferir con los envíos de drogas en México, que tenían como destino Estados Unidos;
B) Brindarles acceso a información sobre las operaciones policiales que hacían en contra del cártel;
C) Arrestar a miembros de organizaciones rivales en lugar de a miembros del Cártel de Sinaloa, además de proporcionar información confidencial que las fuerzas del orden tenían para ir sobre un cártel rival y;
D) Colocar a funcionarios corruptos —en posiciones de poder— en ciertas áreas que eran controladas por el Cártel de Sinaloa.
La evidencia que la fiscalía estadounidense tiene en su poder incluye grabaciones, escritos y testimonios de testigos protegidos.
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